El espacio político Movimiento Asociativo de Italianos en el Exterior (MAIE) le envió al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del país europeo, Antonio Tajani, una nota con una serie de observaciones sobre el decreto que estableció restricciones para sacar la ciudadanía.

“Queremos expresar nuestra profunda preocupación respecto al contenido de la reforma del instituto de la ciudadanía introducida por el decreto 36/25. Una revisión de la normativa es deseable, considerando los principios del concepto de ‘genuine link’ y la necesidad de fortalecer el vínculo efectivo entre el Estado y sus ciudadanos. Sin embargo, el decreto en cuestión avanza en una dirección diametralmente opuesta, presentando numerosos problemas que, de no ser corregidos, podrían causar un daño irreversible a los intereses de Italia a largo plazo”, señaló el espacio.

En particular, el MAIE mostró su preocupación ante el “riesgo real de comprometer definitivamente la presencia de Italia en el mundo” a partir de las restricciones de la ciudadanía. Como es sabido, la medida adoptada por el gobierno de Giorgia Meloni establece que solo podrán acceder a la ciudadanía italiana quienes sean hijos o nietos de ciudadanos italianos nacidos en Italia.

“La introducción de restricciones al reconocimiento de la ciudadanía por descendencia -especialmente con la cuestionable fórmula ‘no han adquirido nunca la ciudadanía’- podría provocar la desaparición progresiva de las comunidades italianas en el extranjero”, apuntó el MAIE. Se trata de un “recurso fundamental para el país, promoviendo espontáneamente el ‘Made in Italy’, la cultura, el idioma y los valores italianos en el mundo”.

Si se elimina este “patrimonio humano y simbólico”, el espacio resaltó que se “debilitaría la capacidad de Italia para proyectarse globalmente, afectando las redes económicas, culturales y diplomáticas construidas a lo largo de más de un siglo de emigración italiana”.

Otro problema clave según el MAIE es la exigencia de haber nacido en Italia o haber residido al menos dos años en el país para acceder al reconocimiento de la ciudadanía. “Aunque estos criterios puedan parecer racionales, excluyen completamente la transmisión de la italianidad a las generaciones futuras nacidas en el extranjero y educadas en entornos italianos. En efecto, se restringe la ciudadanía a los hijos de italianos solo si han nacido o residido en el territorio, lo que anula la identidad italiana en el extranjero”, apuntó el espacio.

Esto significa que, en una o dos generaciones, “las familias italianas emigradas hace tiempo no podrán transmitir la ciudadanía a sus hijos o nietos, lo que llevaría a la desaparición de la ciudadanía italiana en el mundo”.

Otro elemento fundamental es abordar la cuestión de la “retroactividad del decreto, tanto desde un punto de vista legal como moral”. El MAIE consideró que es “inaceptable que una ley como esta, vigente desde el 27 de marzo de 2025, pueda negar retroactivamente derechos adquiridos o en proceso de reconocimiento”.

Y agregó: “Una persona nacida antes de esa fecha, que según el artículo 1 de la Ley 91/92 tenía derecho a la ciudadanía iure sanguinis (línea de sangre), no debería perder ese derecho por una norma posterior. Hacerlo sería una violación de uno de los principios fundamentales del sistema jurídico italiano”.

En la misma línea, “es preocupante la cuestión de la igualdad ante la ley”, ya que el decreto genera una “injusticia evidente entre dos ciudadanos italianos: uno que puede transmitir su ciudadanía hasta el 26 de marzo de 2025 y otro nacido después, que ya no tiene ese derecho. Esta discriminación en el tratamiento legal es inconstitucional y podría ser objeto de numerosos recursos y litigios”.

Además, el decreto reglamentario genera una paradoja “jurídica y social inaceptable”. Esto se debe a que “existen ciudadanos italianos que hablan italiano, consumen productos italianos, participan activamente en la vida política votando e incluso siendo elegidos en parlamentos extranjeros, pero que no pueden transmitir su ciudadanía italiana a sus hijos”.

Esta situación demuestra que el decreto “no se ajusta al principio internacional del ‘genuine link’: no es el número de generaciones lo que determina la existencia de un vínculo auténtico con una nación, sino múltiples” factores -lingüísticos, culturales, identitarios y políticos- que la medida “no ha tomado en cuenta”.

En este contexto, el MAIE señaló que reformar el sistema de ciudadanía “es una responsabilidad seria y necesaria, pero debe hacerse con equilibrio y considerar aspectos políticos y no solo burocráticos”.

En efecto, debe ser el resultado de “elecciones conscientes por parte de los representantes democráticamente electos y no quedar exclusivamente en manos de la gestión administrativa, que muchas veces está desconectada de la realidad de las comunidades italianas en el mundo”.

“El decreto 36/25, tal como está redactado, corre el riesgo de debilitar los lazos entre Italia y su diáspora, comprometer su influencia global y negar derechos fundamentales a ciudadanos que han construido su identidad en torno a la italianidad. Por ello, solicitamos que sea suspendido y revisado con urgencia, mediante un proceso de discusión amplio, democrático y participativo, en nombre del interés nacional y los principios constitucionales”, concluyó la organización, que tiene al marplatense Marcelo Carrara entre sus miembros.