Luego del rechazo de organismos como la Región Sanitaria VIII o el Colegio de Farmacéuticos, ahora el Ejecutivo Municipal se opuso al proyecto del oficialismo en el Concejo Deliberante que propone habilitar la comercialización de medicamentos de venta libre en kioscos o supermercados.

La polémica iniciativa es impulsada por el legislador Julián Bussetti (Vamos Juntos) y se encuentra bajo tratamiento en la comisión de Salud. El proyecto busca adherir al decreto N° 1024/2024 del Poder Ejecutivo Nacional, que modifica la reglamentación de la Ley N° 17.565, permitiendo la comercialización de medicamentos de venta libre en establecimientos no habilitados como farmacias.

A partir de esta medida, el Gobierno permitió solo la venta de antiácidos y analgésicos en establecimientos no habilitados como farmacia. Y estableció que la comercialización se deberá hacer con una “señalización adecuada, en envases cerrados con prospecto y la exigencia de documentación para la compra por parte de mayores de 18 años”. 

Cabe destacar que, semanas atrás, la Justicia Federal dio lugar a una medida cautelar que frena estas disposiciones, por lo que sus efectos quedaron en suspenso hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo.

En el plano local, la intención de Bussetti, además, es modificar la ordenanza 20296, sancionada en abril de 2011. Esta norma estableció la prohibición justamente de la dispensación de medicamentos de venta libre “en comercios, locales y/o lugares no habilitados para tales fines”. 

En contrapartida, el edil apunta a que la ordenanza permita la dispensación de medicamentos de ese tipo en supermercados y/o locales minoristas. “La prohibición vigente de la ordenanza N°20296 resulta anacrónica y restrictiva, limitando el acceso de la población a productos de uso común que no requieren supervisión profesional para su expendio”, argumentó Bussetti.

Rechazo oficial

El Concejo pidió informes a la Secretaría de Salud, Región Sanitaria VIII y el Colegio de Farmacéuticos de la ciudad para que analicen la factibilidad del proyecto. Los dos últimos organismos ya se habían expedido con una posición negativa y en los últimos días el Ejecutivo también dio su respuesta, con el mismo tenor.

Con la firma de la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, farmacéutica de profesión, el área sostuvo que si bien los medicamentos de venta libre son productos destinados a aliviar dolencias “que no exigen la intervención de un profesional médico, es decir, no necesitan una receta para su compra, no significa que puedan ser dispensados en un lugar no habilitado”.

Por el contrario, deben ser “adecuadamente clasificados según criterios científicos, acompañados de información suficiente y clara que le permita al consumidor adoptar decisiones de uso adecuado”.

En la misma línea, apuntó que debe haber una “trazabilidad” en toda la cadena desde “la producción, pasando por la adquisición hasta la dispensación del producto en condiciones de seguridad para el paciente”. Por eso el expendio necesita contar con “las garantías de un tratamiento fehaciente y veraz de la información, asegurando la libertad de elección sin menoscabar el derecho a la salud”.

“Por más anacrónica o restrictiva que pudiera resultar una norma, si su derogación en aras de la modernidad implica la afectación de procesos farmacoterapéuticos seguros, no se estará garantizando el derecho a la salud”, remarcó.

El informe de Bernabei alertó que es posible “sufrir una sobredosis de medicamentos clasificados como de venta libre”. Ello ocurre cuando una persona consume “una cantidad suficiente de la droga como para producir una reacción que pone en peligro su vida”. 

Otros riesgos asociados al consumo de medicamentos de venta libre “sin la información proporcionada por un profesional habilitado” incluyen la interacción con otras drogas, suplementos vitamínicos, alimentos o bebidas; la exacerbación de síntomas en patologías previas (descongestivos en pacientes hipertensos); alergias; y medicamentos no seguros en el embarazo.

A partir de estas consideraciones, la Secretaría determinó que no se debe modificar la normativa vigente para la comercialización de medicamentos de venta libre, por lo que el proyecto de Bussetti se encamina a ser archivado por el Concejo.