Prestadores de servicios para personas con discapacidad se autoconvocaron este miércoles frente al Palacio Municipal para pedir por la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Junto a diversos transportistas, profesionales de la salud, organizaciones, centros educativos y familias, se manifestaron en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Luro para denunciar el desfinanciamiento que atraviesa el sector.

La convocatoria se realizó en diversos puntos del país en apoyo al proyecto de ley del diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Daniel Arroyo, que se trata este miércoles en el Congreso y que permite declarar la emergencia en discapacidad.

Los manifestantes pidieron políticas públicas en discapacidad, aumento de honorarios profesionales que “están devaluados y congelados desde diciembre de 2024“, la regularización de pagos, la falta de nuevas pensiones y de certificados de discapacidad.

“Los aranceles están un 70% debajo de lo que deberían“, expresó Beatriz Martín, perteneciente a la Asociación Integradora de Personas con Padecimientos Psíquicos (AIPE), en diálogo con LA CAPITAL.

“La situación colapsa, es difícil poder cumplir con el pago de los sueldos y los aguinaldos, los transportes no pueden pagarle a sus trabajadores porque están desactualizados los aportes que le dan“, agregó Martín y denunció que “el Gobierno cree que la persona con discapacidad es un gasto, y mientras tenga ese concepto está haciendo abandono de persona”.

La semana pasada los trabajadores del sector realizaron un paro a nivel nacional de cinco días y a nivel local de tres días. En esta oportunidad se tomó la decisión de continuar con las prestaciones pero con una movilización previa al inicio de la sesión en Diputados.

“A nivel local la situación es muy compleja, somos más de 700 prestadores que estamos atravesados por esto“, manifestó Jésica Machado, quien forma parte de Prestadores Unidos MDP.

“Si la situación sigue igual o si no se cumple el tratamiento de una posible ley comenzaremos a pensar medidas de exigencias jurídicas, como un amparo colectivo”, puntualizó Machado.