Prestadores de servicios y familias de personas con discapacidad se reunieron nuevamente frente al Palacio Municipal para denunciar la falta de atención en el sector y apoyar el tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Hace menos de un mes se autoconvocaron en Hipólito Yrigoyen y Luro mientras se discutía la Ley en la Cámara de Diputados, donde obtuvo 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones.

Tras obtener la media sanción, este jueves se trata el proyecto en el Senado, por lo que prestadores, organizaciones, personal de salud y familias de personas con discapacidad se concentraron frente a la Municipalidad y cortaron con furgonetas el tránsito sobre la calle Yrigoyen.

Esta movilización es parte de una serie de protestas que se realizan al mismo tiempo en distintos puntos del país, incluso frente al Congreso de la Nación.

El proyecto busca declarar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 y contempla:

• La regularización de pagos y actualización de aranceles de prestadores
• La reforma del sistema de pensiones no contributivas
• El fortalecimiento institucional con mejora de la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la realización de auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
• Transparencia y rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo que deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
• Compensaciones económicas de emergencia para prestadores
• La actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD) considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.
• El fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día
• El cumplimiento del cupo laboral

En este sentido, desde Prestadores Unidos MDP denuncian diversos “hechos de persecución” a familias de personas con discapacidad, entre los que se incluyen “obras sociales que llaman para intimidar, prestaciones dadas de baja sin criterio clínico, amenazas de corte de la cobertura en caso de denuncia y auditorías que no cumplen los mínimos legales ni éticos“.

“En base a entrevistas telefónicas se recortan prestaciones que ya han sido aprobadas al inicio del año y esto es totalmente ilegal, son prácticas que denunciamos porque son inconstitucionales”, manifestó Jésica Machado, referente de la organización.

En cuanto a una posible sanción de la Ley, Machado destacó que “no es una solución definitiva pero viene a paliar un poco la situación“.

“Lo que nosotros vemos es que hay muchos intereses políticos para que esta Ley no salga, pero si no se aprueba en el Senado, el sistema va a desaparecer y miles de usuarios van a quedar sin las prestaciones“, puntualizó Machado.