La Cámara de Apelaciones y Garantías negó la prisión domiciliaria otorgada al exjefe de la Policía Bonaerense de Mar del Plata, José Luis Segovia, quien está acusado de liderar una asociación ilícita integrada por policías, financistas y un abogado. Los jueces entendieron que subsisten los riesgos procesales que justifican mantenerlo detenido en la cárcel de Batán.

Segovia había sido beneficiado hace un mes con la morigeración de la prisión preventiva, bajo modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica, por decisión del juez de Garantías Daniel De Marco. La medida no llegó a concretarse, ya que fue apelada por el fiscal general adjunto Marcos Pagella y luego sostenida por el fiscal general departamental Fabián Fernández Garello.

Entre los fundamentos para rechazar el arresto domiciliario, los jueces Adrián Angulo y Marcelo Augusto Madina destacaron la gravedad de los hechos investigados, la multiplicidad de delitos imputados y la posición de poder que ocupaba Segovia como máxima autoridad policial en el distrito. Según la acusación, habría liderado una estructura criminal que cometía delitos como encubrimientos agravados, estafas procesales, exacciones ilegales y falsificación de documentos públicos.

La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones también consideró que no se acreditaron circunstancias excepcionales que justifiquen una medida menos gravosa. Advirtieron que, aunque la etapa de instrucción ya fue concluida, el proceso transita una etapa intermedia y persisten riesgos de fuga y de entorpecimiento de la causa, en particular sobre testigos que aún deben declarar en el juicio.

Además, se evaluaron otros indicadores de riesgo procesal: como la supuesta violación de la incomunicación durante su detención, la posibilidad de influir sobre subordinados y testigos, sus vínculos con funcionarios judiciales y del Ministerio de Seguridad, su “holgura económica” y el acceso previo a sumas importantes de dinero que podrían facilitar una eventual evasión.

La defensa de Segovia había sostenido que no existían riesgos concretos, que su cliente se había sometido desde el inicio al proceso y que incluso había ofrecido medidas adicionales de control, como videovigilancia las 24 horas, caución real y la prohibición absoluta de contacto con otros imputados o testigos. No obstante, los jueces concluyeron que tales propuestas no neutralizan los peligros señalados por el Ministerio Público Fiscal.

Segovia está detenido desde mayo de 2024 y el pasado junio la causa fue elevada a juicio.

El expediente judicial

José Luis Segovia, exjefe de la Policía Bonaerense en Mar del Plata, está acusado de encabezar una asociación ilícita integrada por funcionarios policiales y civiles. La causa en su contra incluye cargos por encubrimiento agravado, exacciones ilegales —es decir, la exigencia de dinero o beneficios valiéndose de su cargo—, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos.

También se le imputa estafa procesal, a partir de maniobras que habrían tenido como fin entorpecer el accionar de la justicia. Entre los hechos investigados figuran el borrado deliberado de información en teléfonos celulares, el ocultamiento de pruebas y la disposición de bienes y dinero poco después de su detención, presuntamente para evitar su incautación. Según la fiscalía, todas estas acciones configuran un patrón de obstrucción que refuerza la gravedad institucional del caso.

Además de Segovia, también están imputados los policías o expolicías  Javier Collova, Christian Gari, Javier González, Christian Holtkamp, Juan Pablo Velázquez, Gastón Moraña, Mauricio Ramírez Armani,  Nicolás Rivademar, Jonathan Sonzogni, Sabino Sosa; los financistas Claudio Alaniz y Jorge Toletti y el abogado Lautaro Resúa.