Por Jorge Raventos
Javier Milei suscribió ayer, sábado 2 de agosto. el veto a las leyes aprobadas por el Congreso que dictaminan un incremento de las jubilaciones del orden del 7,2 por ciento (así como un aumento de 40.000 pesos en el bono suplementario que reciben los jubilados de menores ingresos) y la que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta diciembre de 2027 y mejora la pensión no contributiva por invalidez (poniendo un piso equivalente al 70 por ciento de un haber mínimo).

El gobierno no cuenta con suficiente caudal propio en el Congreso para sostener el veto presidencial: necesita un tercio de la Cámara de Diputados (86 votos con asistencia perfecta, menos a medida que se sumen inasistencias). Cuando la Cámara aprobó la ley sólo se registraron 67 votos negativos. El oficialismo necesita reclutar en este caso 19 voluntades o incentivar ausencias o abstenciones. No se trata de una misión imposible para el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que comanda las negociaciones con los soportes potenciales del gobierno. La dificultad reside en que, en la caldeada atmósfera que precede a las elecciones de octubre, varios de esos posibles aliados están camino de convertirse en exaliados.

Cada veto exige no solo una explicación, sino también una contención de los efectos políticos que produce. El veto no es solo un acto técnico: es un gesto de poder que, cuando se reitera, tensiona los equilibrios del sistema. Y Milei empieza a descubrir que los actores que puede calificar de “casta” no son homogéneos pero no están dispuestos a ceder sus espacios de autonomía sin dar pelea.

En vetos anteriores el oficialismo pudo asegurarse numerosos apoyos radicales y del Pro, así como la influencia cooperativa de algunos gobernadores. Hoy ha crecido, tanto en el radicalismo como en el Pro la predisposición a tomar distancia del gobierno y los gobernadores, en conjunto, son impulsores de dos proyectos de ley (ya sancionados en la Cámara Alta) destinados a recuperar pàra sus distritos parte de recursos fiscales (aportes del Tesoro, impuesto a los combustibles) que el poder central retiene y emplea para maquillar su proclamado equilibrio fiscal.

La capacidad de seducción del oficialismo se ve resentida, por otra parte, por los desperfectos que exhibe en las últimas semanas lo que lucía como una máquinaria eficiente de reducción de la inflación, control sobre el valor del dólar y manejo del equilibrio fiscal. El déficit cero, aún si se cumple formalmente, reposa sobre un conjunto de supuestos cada vez más frágiles: atraso cambiario, freno a la obra pública, licuación de jubilaciones y salarios, y un Banco Central que aún no logra acumular reservas sin asistencia de dólares financieros o sectoriales. Los mercados celebrar medidas del gobierno pero no consolidan la confianza en la solidez de sus sistemas. Las explicaciones oficiales sobre el incremento del dólar (de 1150 pesos a1350, entre el 30 de mayo y el 31 de julio) no parecen dar cuenta objetiva del fenómeno (mucho menos cuando se combinan con teorías conspirativas que combinan a la vicepresidenta, a bancos importantes y al kirchnerismo en un intento conceertado de desestabilización económica: abundancia de relato). No es extraño, así que muchos especialistas (y muchos que no lo son) prevean un rebrote inflacionario en el segundo semestre. De hecho, ya se advierte remarcación de precios de alimentos y productos de primera necesidad.

El gobierno postergó el incremento de reservas, dejó pasar el instante en que la divisa se encontraba en valores cercanos al piso de la banda de flotación, y ahora debe abocarse a esa tarea para corresponder la benevolencia del Fondo Monetario que perdonó el temprano incumplimiento de las pautas suscriptas en el último acuerdo.
Debe hacerlo, además, cuando el campo ha dejado de liquidar, se inicia un trimestre de sequía de ingresos y cuando ha tenido que aflojar parcialmente ante la presión del sector disminuyendo un 20 por ciento promedio las retenciones (es decir, recortando unos 600 millones de dólares de los recursos fiscales), medida que le garantizó al Presidente la ovación en el acto inaugural de la Exposición Rural.

El elemento más interesante –y políticamente inquietante para el gobierno- es la constitución de una nueva alternativa política, de corte federal, que no se inscribe en las polarizaciones clásicas (“peronismo-antiperonismo”, ” kirchnerismo-libertad”) sino que procura desplazarlas y superarlas. Gobernadores de provincias con fuerte perfil exportador han comenzado a ensayar una coordinación política autónoma. El fenómeno es visible en la actitud de mandatarios como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy).Se trata de líderes de diferentes orígenes partidarios, con poder territorial, economías diversificadas y control político de sus legislaturas locales. Y, además, con un rasgo común: no necesitan del poder central para sostener su legitimidad ni su equilibrio fiscal inmediato. Este bloque de poder subnacional se propone erigir una alternativa institucional hacia la elección de 2027 y comienza a delinear un perfil: defensa de recursos propios, rechazo al ajuste indiscriminado, y demanda de políticas federales que acompañen el desarrollo productivo. La convergencia litio-energía-agroindustria no es casual: son sectores que demandan infraestructura, créditos y acuerdos internacionales que exceden la lógica del recorte fiscal o la desregulación sin planificación.

A los cinco gobernadores que han dado el primer paso se sumarán otros con el correr de las semanas. Así se va consumando la recostrucción del sistema político. Como señalamos reiteradamente en este espacio, la lectura electoral debe apartarse del eje bloque contra bloque, para observar como los poderes territoriales compiten con el poder central para coparticipar en un proceso de modernización productiva, vinculación internacional, intregración nacional y social. Hay que mirar de nuevo.