En Argentina son punibles los adolescentes que al cometer un delito tienen entre 16 y 17 años, en casos de ser más chicos son inimputables y por las acciones que pudieron cometer es el Poder Ejecutivo quien emplea una medida de abrigo.

Fuentes consultadas del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil no consideran que haya aumentado la delincuencia juvenil en Mar del Plata, pero sí ven que se recrudecido la violencia, y un aumento en causas por abuso sexual y por peleas en las que se registran víctimas con lesiones graves, un marcado aumento en hechos de violencia por relaciones interpersonales, la mayoría en contextos de consumo de alcohol y drogas en los que la violencia escala de manera alarmante.

Mar del Plata cuenta, en Batán, con el Centro Especializado en Aprehensión (CEA), donde los menores que cometen delito son llevados. Allí están 12 horas aprehendidos hasta que un fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil le solicita la detención, que es por cinco días.

Si el fiscal, en esos cinco días, pide la prisión preventiva -solo para casos graves como homicidios, abusos sexuales o robos armados-, el menor es trasladado al Centro de Recepción y Cerrado, donde permanecerá hasta el juicio o una vez sea condenado.

Es decir, los adolescentes que se encuentran detenidos en el Centro de Recepción y Cerrado están acusados, o condenados, por hechos gravísimos y violentos.

Semana a semana, comerciantes denuncian la existencia de “banditas” de adolescentes que merodean el centro y cometen robos, tanto en los locales como en la calle. También son ya habituales las noticias de jóvenes “rompeportones”, que ingresan en estacionamientos de edificios para robar principalmente motos o bicicletas.

El fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Walter Martínez Soto, explicó a LA CAPITAL que ya no se ven bandas “complicadas” de adolescentes, cómo se veían años atrás, ya que con el correr de los años las causas han avanzado y sus integrantes han quedado detenidos.

“Pero sí vemos que existen chicos que se juntan y están al acecho, a ver qué es lo que pasa y qué pueden hacer”, expresó el fiscal y agregó: “El problema también es la existencia de un evidente mercado ilegal en donde pueden vender todo lo que roban”.

El fiscal Martínez Soto remarcó que el consumo de estupefacientes es un problema que atraviesa a muchos de los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley penal, que logran materializar los elementos que roban en drogas.

El fiscal consideró que se resta mucho trabajo por hacer con la prevención, que la gran discusión tendría que estar centrado ahí y no en lo punitivo. “En la mayoría de los casos detectamos que estos chicos en conflicto con la ley penal han abandonado la escuela y el colegio tiene que estar presente”.

En ese trabajo por hacer, es clave el rol de las agencias de promoción y protección de los derechos del niño, que son los servicios locales y zonales que dependen de la municipalidad y la provincia, hoy gobernadas por diferentes partidos políticos.

“Si hay un buen trabajo de prevención, la consideración del delito no llega”, dijo el fiscal y remarcó: “La cárcel es un lugar muy difícil, el joven se siente completamente solo en un ambiente con unos códigos complejos”.