Dos de las causas judiciales más resonantes de los últimos tiempos en Mar del Plata que involucran a altos mandos policiales podrían entregar novedades a la brevedad, ya que es inminente el fallo de la Cámara de Apelaciones para saber si se celebraran respectivos juicios.

El principal expediente es el conocido como “Asociación ilícita mixta” y tiene como detenido al exjefe departamental José Luis Segovia. Esa investigación realizada por la fiscalía general a través de Marcos Pagella y el CATI (Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción) a cargo de Javier Pettigiani estableció que Segovia, otros policías, expolicías y civiles se complementaban para cometer encubrimiento de delitos, desvío de investigaciones judiciales, filtración de información reservada, extorsiones, comercio ilegal de divisas, circulación de moneda falsa y explotación de juegos clandestinos.

Vale recordar que a principios de mayo pasado, al cumplirse un año de la detención de Segovia, la fiscalía pidió la elevación a juicio y el 9 de junio fue concedida por el juez de garantías Daniel De Marco. Sin embargo, desde que días después fue apelada ya pasaron dos meses sin una determinación por parte de la Cámara de Garantías y Apelaciones.

Además de Segovia, entre los acusados que deberán enfrentar el juicio se encuentran Claudio Alaniz, Javier González, Christian Holtkamp, Gastón Moraña, Nicolás Rivademar, Héctor Sosa, Jorge Toletti, Lautaro Resúa, Juan Pablo Velázquez, Mauricio Ramírez Armani, Christian Gari y Jonathan Sonzogni. Los cargos varían entre asociación ilícita, encubrimiento agravado, violación de deberes de funcionario público, falsificación de documentos y tenencia ilegal de armas, entre otros.

Fueron sobreseídos en forma total Iván Pablo Medigovich y Leonardo Di Biase. También se dictaron sobreseimientos parciales. Velázquez no será juzgado por delitos vinculados con la intermediación financiera no autorizada, circulación de moneda falsa ni juegos de azar ilegales. En el mismo sentido, Ramírez Armani, Gari y Sonzogni fueron sobreseídos por los delitos financieros, pero irán a juicio por su rol en la asociación ilícita. Lautaro Resúa fue sobreseído por el delito de prevaricato, aunque enfrentará juicio por otros cargos. Segovia, Moraña, González y Rivademar también recibieron sobreseimientos parciales en relación a algunos delitos económicos.

El otro caso

El 17 de junio último la otra causa resonante de supuesta corrupción policial fue elevada a juicio, pero también fue apelada y se espera la misma resolución pendiente de la Cámara de Apelaciones para ratificar o no esa medida.

Se trata de los hechos sucedidos en el ámbito de la Dirección de Drogas Ilícitas, donde, según la hipótesis del fiscal general adjunto Marcos Pagella, al menos desde principios de 2024 y hasta mayo de ese año una estructura con la finalidad común de la obtención ilegítima de beneficios económicos mediante prácticas delictivas encubiertas por funciones oficiales.

Los investigadores judiciales identificaron tres ejes centrales en el accionar delictivo: el cobro de retornos por horas “CORES” y viáticos, el apoderamiento ilegal de dinero durante allanamientos y la falsificación de actas para encubrir esas maniobras. En un operativo llevado a cabo el 6 de junio de 2024, por ejemplo, se secuestraron $623.500, pero se constató que al menos $300.000 no fueron registrados oficialmente.

La acusación incluye los delitos de asociación ilícita, defraudación al Estado, coacción, exacciones ilegales, hurto calificado y falsificación ideológica de instrumento público. La Fiscalía sostiene que estas maniobras fueron reiteradas y planificadas, y que existía un reparto sistemático del dinero obtenido de manera ilegal.

Entre los principales imputados están los exjefes de la dependencia, Claudio Pontoriero y Leandro Piboleau, entre otros varios policías con distintos rangos.

Al igual que ocurre con la causa “Asociación Ilícita Mixta”, desde hace semanas la resolución de si habrá juicio o no, se hace esperar.