La organización “Prestadores Unidos Mar del Plata” repudió el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que “dilata la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad” y condiciona su entrada en vigencia “a futuras partidas presupuestarias”.

Cabe recordar que la mencionada norma fue promulgada por el Congreso Nacional la semana pasada pero el gobierno emitió el decreto 681/2025 -el lunes pasado- para evitar su puesta en marcha.

“Este decreto constituye una violencia institucional y desnaturaliza la voluntad del Congreso Nacional -advirtieron los profesionales-. Además, vacía de contenido una conquista histórica y coloca a las personas con discapacidad en una situación de mayor vulnerabilidad”, coincidieron en señalar los prestadores de la ciudad junto a las familias, organizaciones sociales y colectivos de personas con discapacidad.

“Prestadores Unidos Mar del Plata” son profesionales relacionados con el área de discapacidad, como kinesiólogos, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos. Los acompañantes terapéuticos también se suman a la lucha aunque, por una cuestión legal, todavía no cuentan con matrícula profesional en la provincia de Buenos Aires, aunque sí en otras jurisdicciones.

Crisis

Mientras tanto esto sucede, advirtieron que el sector “vive una emergencia real y palpable, ya que cierran escuelas de educación especial, talleres protegidos y centros de rehabilitación; se suspenden terapias y tratamientos indispensables por desfinanciamiento; profesionales y equipos interdisciplinarios abandonan el sistema ante la precariedad”.

Además, explicaron que “la falta de recursos no puede ser excusa. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional, y otros tratados internacionales obligan al Estado argentino a garantizar, sin dilaciones, los derechos fundamentales de este colectivo”.

Y, en ese sentido, destacaron que “las personas con discapacidad y sus familias no pueden seguir siendo rehenes del ajuste. La Emergencia en Discapacidad no puede esperar más” y exigieron “la inmediata aplicación de la Ley 27.793. Basta de retrocesos en derechos humanos porque nadie se salva solo: la discapacidad es una causa colectiva”.

Estos profesionales no reciben aumento desde diciembre del año pasado y los honorarios de -por ejemplo- un acompañante terapéutico es de “$12.370 por sesión, que te los pagan a 30, 60 o 90 días. Incluso, en muchos casos estamos trabajando bajo amparos para que nos paguen un poco más rápido, es decir, a 30 o 40 días con suerte”, detalló una terapista ocupacional.

Asimismo, reconoció que “ahora la problemática se profundizó, pero el problema viene desde hace mucho tiempo, con el gobierno anterior. La crisis afecta al sector de salud y especialmente al de discapacidad”.