Por Ramiro Melucci

Agustín Neme pasó su primera noche de insomnio como intendente. En la madrugada del miércoles no pegó un ojo después de que, veinte minutos antes de la medianoche, lo pusieron al tanto del incendio de la histórica casilla de la calle Alvear entre Colón y Bolívar. A pesar de que el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncálvez, le aseguró que el fuego estaba controlado, le quedó durante horas la sensación de que algo peor podía suceder. No sucedió. Lo que sí ocurrió fue que, con Guillermo Montenegro de descanso, comenzó a palpitar sin que nadie se lo cuente lo que se vive al frente del municipio. Un pequeño adelanto de lo que le tocará desde el 10 de diciembre.

Los tiempos que propició el desdoblamiento electoral le permiten semblantear el escenario sin necesidad de asumir aún el protagonismo. Las elecciones provinciales del 7 de septiembre definieron la composición del Concejo Deliberante con la que deberá lidiar y empezaron a moldear los ánimos con que las fuerzas políticas afrontarán el nuevo período. Las nacionales del 26 de octubre terminarán de confeccionar el mapa general con el que se convertirá en intendente.

Recién después de esa fecha se terminaría de delinear el gabinete que lo acompañará. Que combinará a los secretarios que puedan continuar, los que quieran sumarse a la transición y los que hayan surgido de las conversaciones de Montenegro con el referente de La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio, en el acuerdo del cierre de listas.

La prioridad es la gobernabilidad. El próximo intendente surgirá de un reemplazo, no de las urnas. Su rol estratégico en el Concejo (es el presidente del bloque oficialista y uno de los principales voceros de Montenegro en ese ámbito) no lo hizo abandonar el perfil bajo. Nunca encabezó una campaña electoral ni es una cara conocida mucho más allá de los ámbitos municipales. Son circunstancias y características que le otorgan una debilidad de origen que necesita compensar con acuerdos políticos.

Ya sabe que, como suele decir Carrancio, los libertarios están dispuestos a “dar una mano”. También conoce la predisposición de la Coalición Cívica a mantenerse dentro del esquema oficialista. Y empieza a interiorizarse sobre la vocación de “diálogo” que les transmiten los radicales. Tales elementos le provocan una ilusión que hoy podría sonar exagerada: la de remendar la mayoría que el oficialismo perdió. No debería perderse de vista que los concejales del PRO fueron elegidos por Montenegro, que nunca cortó su relación con Maximiliano Abad.

La prioridad es la gobernabilidad. El próximo intendente surgirá de un reemplazo, no de las urnas. Nunca encabezó una campaña electoral ni es una cara conocida mucho más allá de los ámbitos municipales. 

Todas las emergencias están sobre la mesa. Montenegro envió al Concejo la semana pasada la del servicio de recolección de residuos. Pidió prorrogar al menos por dos años el contrato con la empresa Transportes 9 de Julio –que vence en enero–. Expresó, en términos técnicos, que es la mejor salida, la menos conflictiva, ante el atolladero en que lo metió un reclamo del sindicato de camioneros.

¿Cuál? El de la indemnización de todos los trabajadores que se desempeñan en la recolección. Se lo formuló a la empresa concesionaria y esta, a su vez, se lo trasladó al municipio en un pedido de fondos para solventarla. “La eventual obligación de afrontar el pago reclamado por la entidad gremial a la empresa prestadora y esta al municipio importaría un desequilibrio de magnitud tal que comprometería seriamente las finanzas municipales, la situación presupuestaria y el normal desenvolvimiento de la hacienda local, todo lo que configura una situación de emergencia económico-financiera en los términos de la doctrina y la jurisprudencia administrativa”, argumentó el Ejecutivo en el mensaje de elevación.

El planteo sindical es el que en la jerga se conoce como “ley Moyano”, que tuvo uno de sus episodios más conocidos en 2022, cuando al estatizar el sistema de acarreo en la Ciudad de Buenos Aires el entonces jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, debió indemnizar a los 500 trabajadores que pasaban de la órbita privada a la estatal.

Antes de pagar una millonada, el gobierno local arguyó que “la prórroga, en el marco de la declaración de emergencia, constituye la solución institucional adecuada para conjurar un riesgo financiero grave y garantizar la sostenibilidad del sistema de higiene urbana”.

También se analiza la prórroga del contrato de las empresas de transporte público, que vencen en diciembre. Montenegro propuso, a lo largo de su mandato, dos pliegos. Ninguno de los dos prosperó en el Concejo. Al primero se lo archivaron; al segundo se lo devolvieron. No lo volvió a mandar, ni siquiera con mayoría oficialista.

Los concejales ya habían sancionado en agosto otra prórroga: la que extendió el plazo para presentar un régimen de compensaciones urbanísticas destinado a equilibrar las excepciones otorgadas en la construcción. Nunca es tiempo para las grandes decisiones.

El planteo sindical es el que en la jerga se conoce como “ley Moyano”, que tuvo uno de sus episodios más conocidos cuando Rodríguez Larreta indemnizó a 500 trabajadores que pasaban de la órbita privada a la estatal.

En cambio –y es lamentable– siempre hay motivos para la pelea. Un comunicado del Instituto Cultural de la Provincia que aseguraba que el teatro Auditorium estaba “a disposición” y “reservado” para el Festival Internacional de Cine desnudó un conflicto inesperado. “Nos quieren cobrar y no hay plata”, argumentó el municipio, organizador del Festival junto al Incaa. “Pedimos reuniones y no nos contestaron”, replicaron las autoridades del teatro. Tras los cruces por los medios llegó el acercamiento, pero las relaciones no quedaron como antes.

El regreso de Montenegro a la ciudad y el fin del interinato de Neme se produjo con el resurgimiento de la controversia por Punta Mogotes. El municipio reaccionó ante el inicio de un expediente para generar un concurso de ideas de cara a la renovación arquitectónica del complejo. “No puede avanzar hasta que no se resuelva la causa judicial”, advirtió.

La discusión tiene en el horizonte un punto central. Entre julio y septiembre del año que viene vencen las concesiones de los balnearios. La temporada que se aproxima, entonces, será la última antes de la nueva licitación. El gobierno bonaerense está decidido a llevarla adelante y da pasos en esa dirección: primero el masterplan, luego el concurso de ideas, más adelante vendrán los pliegos. El municipio ve ese recorrido y busca interrumpirlo con el histórico argumento de su condición de administrador natural del complejo. La pelota pica en la cancha de la Justicia.