La declaración de emergencia del servicio de recolección de residuos y la prórroga por al menos dos años del contrato con la empresa Transportes 9 de Julio tuvo este jueves su primer aval en el Concejo Deliberante.

Con votos de concejales del PRO y el radicalismo, el interbloque oficialista lo aprobó por mayoría en la Comisión de Ambiente y determinó su pase a la de Hacienda. Unión por la Patria votó en contra, mientras que Acción Marplatense y La Libertad Avanza se abstuvieron.

El gobierno de Guillermo Montenegro considera que esta declaración es la única forma de garantizar el servicio. Argumentó que, ante la finalización del contrato de la recolección, el sindicato de camioneros le reclamó a la concesionaria la indemnización de todos los trabajadores, y que la empresa trasladó el planteo al municipio.

“El reclamo indemnizatorio formulado por la entidad gremial podría generar una alteración sobreviniente de los costos originalmente previstos en el contrato, que exceden los parámetros económicos sobre los cuales el municipio estructuró sus compromisos financieros”, argumentó en el mensaje de elevación del proyecto.

“Este expediente es fundamental para garantizar la salud pública y la calidad de vida de los vecinos –planteó la presidenta de la comisión, Florencia Ranellucci (PRO)–. Es fundamental aprobar esta emergencia y darle este tiempo a todas las partes para que se puedan ordenar y sostener el bienestar de los marplatenses”.

Eva Ayala consideró que no se dan las condiciones jurídicas para la declaración de la emergencia. Afirmó que el municipio no está ante “un hecho de fuerza mayor, ajeno o imprevisible”. A su entender, tampoco hay “un riesgo cierto, grave, una amenaza a la comunidad en salud o seguridad”.

En ese marco, la catalogó como “una emergencia retórica, no real”. Y apuntó: “No tiene que ver con algo que no se pudo prever, sino con algo que se olvidaron de gestionar”.

Según Ayala, el gobierno local plantea la emergencia “para eludir la licitación”. “No sabemos cuál es el plan de salida, el cronograma que se están planteando hacia adelante para finalmente regularizar el contrato más importante que tiene el municipio”, agregó.

Diego García (Unión por la Patria) se manifestó en sintonía. “Seis años tuvo este intendente para presentar un nuevo pliego”, indicó, y lamentó que, con la nueva prórroga (que establece la posibilidad de que a los dos años originales se les agreguen otros dos), la resolución quede en manos del intendente que venga en 2027. “Se están sacando el problema de encima, una vez más”, concluyó.

El expediente tiene dos giros más. Después de la Comisión de Legislación deberá pasar por la de Hacienda antes de llegar al recinto.