Nuevos pedidos de captura nacional e internacional fueron ordenados contra dos jóvenes de nacionalidad peruana en el caso por el triple crimen narco.

Con la apertura del secreto de sumario, se pudo tener acceso al expediente, en el cual también se detalla que hubo allanamientos pedidos por el fiscal Adrián Arribas, los cuales dieron resultado negativo, y que secuestraron un auto Renault 19 que fue hallado en un garaje en Parque Chacabuco.

En tanto, la Justicia peruana dictaminó este viernes la prisión preventiva con fines de extradición pasiva por el término de nueve meses para Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, presunto ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez en el partido bonaerense de Florencio Varela.

El acusado permanecerá alojado en el penal de máxima seguridad de San Vicente de Cañete, en la ciudad de Lima, a la espera de ser trasladado a la Argentina. A diferencia de lo que ocurrió con su supuesto ladero, Matías Ozorio, que por ser argentino ya fue enviado al país, con “Pequeño J” el proceso podría demorar 60 días, ya que se negó a la extradición voluntaria.

En ese marco, su defensa pidió que se aplique “el principio de humanidad” dado que es un “joven de 20 años”. Durante la audiencia virtual llevada a cabo en la Comisaría de Chilcha, el abogado Marcos Sandoval remarcó que Valverde Victoriano es “inocente de todos los cargos” que formuló el fiscal Adrián Arribas y solicitó que libertad con comparecencia.

Por su parte, este viernes Ozorio se había negado a declarar frente a Arribas en el Polo Judicial de San Justo. Casi media horas después de su ingreso a la fiscalía, el acusado rechazó ser indagado.

Conforme indicaron las fuentes, la medida fue por recomendación de su defensor oficial, quien quedó a cargo de su representación minutos antes. Ahora, Ozorio será alojado en el penal de General Alvear. A la salida de la audiencia, el abogado Diego Storto expresó: “¿Qué va a decir esta lacra? Nada”.

Asimismo, el abogado Fernando Burlando señaló que negarse a la indagatoria “es un derecho constitucional” y que eran lo que esperaban.