La defensa del pastor evangelista acusado de explotación laboral, Roberto Tagliabué, pidió su absolución e inmediata libertad en lo que fue la última jornada del juicio en el Tribunal Oral Federal. El lunes 13 de octubre se dará a conocer la sentencia.

Este lunes, el abogado Mauricio Varela en su alegato, que demandó más de 3 horas, expuso que Tagliabué es un hombre inocente, injustamente acusado que está detenido hace 3 años y 3 meses.

En una sala repleta, principalmente por fieles a la iglesia del pastor Tagliabué que lo han apoyado durante todo el proceso, Varela pidió al juez federal Roberto Falcone por la absolución de su defendido.

“Esto se trata de una denuncia falsa de un hombre que era un adicto y que para justificar un robo dio la versión de que había sido explotado por el pastor”, había dicho desde un inicio del juicio el abogado Varela, versión que sostuvo hasta el último día.

“Esta causa nació por una mentira dicha por una persona que estaba detenida por haber intentado robar con armas al propio pastor Tagliabué”, le explicó Varela a LA CAPITAL y agregó: “El origen de esta causa es una declaración prestada por alguien imputado en una causa por robo agravado por el uso de armas, causa que se tramitó en la justicia provincial. En ese contexto, ejerciendo su derecho de defensa, intentó justificar su conducta inventando que había sido víctima de explotación laboral”.

El abogado defensor aseguró que “no hubo encierros ni coacción, que nadie fue retenido contra su voluntad. No hubo explotación. No hubo beneficio económico” y que “no hubo maltrato ni ejercicio ilegal de la medicina, ya que la asistencia brindada era espiritual, no médica”.

La semana pasada, la fiscal federal Laura Mazzaferri había solicitado la pena de 14 años de prisión por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral agravada, ejercicio ilegal de la medicina, comercialización de fauna silvestre y maltrato animal.

Además, solicitó la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de toda actividad vinculada a la medicina, psicología, acompañamiento terapéutico, dirección de centros de tratamiento de adicciones o programas comunitarios de salud y también de actividades relacionadas con el desempeño del culto, por el máximo legal, como medida de protección de la salud pública y de prevención especial.

La fiscalía también solicitó la reparación de las víctimas, por el lucro cesante y el daño moral cometido, cifra que en conjunto asciende a 135.738.994 pesos, a dividir entre las víctimas de acuerdo a la cantidad de tiempo que estuvieron sometidas en este circuito y el decomiso de dos inmuebles ubicados en la calle Génova utilizados para la captación o acogimiento de las víctimas, y del predio donde se emplaza la iglesia, como así también de cinco vehículos y dos motos secuestradas en el marco de esta causa.

Vale recordar que Tagliabué está acusado de haber captado y acogido, valiéndose de su calidad de pastor de la iglesia El Shaddai -ubicada en el barrio Pueyrredon, a unos seis kilómetros del centro de Mar del Plata hacia el suroeste-, y utilizando engaños y violencias a una multiplicidad de personas -nueve son las víctimas de este caso elevado a juicio- en situación de “suma vulnerabilidad”.

Según la acusación fiscal -expuesta por las representantes del MPF en la audiencia inicial del lunes pasado- , los hechos se encuadran entre el 2001 y agosto de 2022 cuando se realizó el último allanamiento por orden de la Justicia Federal. En su mayoría, las víctimas son varones jóvenes -uno de ellos captado cuando aún era menor de edad y otro con una situación de discapacidad-, que atravesaban serios problemas de adicciones, habitacionales y económicos, y en algunos casos también tenían conflicto con la ley penal.

Algunos de ellos fueron derivados incluso por la justicia provincial para cumplir con normas de conducta que les permitieran acceder a la suspensión de sus procesos o tener un régimen morigerado de prisión, situación que era aprovechada por el imputado, a fin de captar a las víctimas o mantenerlas en situación de explotación.

La finalidad de las maniobras investigadas, según estableció la fiscalía, era la explotación laboral, que se daba a través de la venta ambulante, la atención de dos negocios que tenía el pastor en la zona o bien con tareas de mantenimiento en la iglesia.