El gobierno de Guillermo Montenegro volvió a elevar, por tercera vez en lo que va de la gestión, un pliego de bases y condiciones para licitar el servicio de transporte colectivo de pasajeros, al tiempo que propuso prorrogar las actuales concesiones, que vencen el mes próximo.

Los proyectos ingresaron este viernes al Concejo Deliberante, donde el oficialismo local todavía tiene mayoría (dejará de tenerla el 10 de diciembre, cuando cambiará la mitad del cuerpo).

Uno de los expedientes es para autorizar al Ejecutivo a llamar a una licitación pública nacional e internacional para adjudicar el servicio por 20 años; el otro, para declarar por el término de un año, prorrogable por igual período, el estado de emergencia del servicio y prorrogar los contratos con las concesionarias.

Según señaló el municipio, la prórroga de la emergencia fue solicitada por nota el mes pasado por la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap).

El gobierno fundamentó que en este período “la gestión del servicio de transporte público colectivo se caracterizó por mantener una oferta de servicio por encima de la demanda de pasajeros”.

En 2023 se registraron 65.606.752 pasajeros que abonaron boleto y los colectivos recorrieron 28.331.549 kilómetros. En 2024 los pasajeros que pagaron fueron 56.821.273 y los kilómetros recorridos, 28.354.651 kilómetros. Así, “hubo una caída del 13,39% de pasajeros que abonaron boleto, pero la oferta de servicio se aumentó un 0,8%”. Esto muestra que “aun frente un sostenimiento e incluso aumento de oferta de servicio, la demanda igualmente cayó considerablemente”.

Entre enero y agosto de este año se registraron 34.348.771 pasajeros que abonaron pasaje y 20.142.686 kilómetros recorridos por los colectivos, por lo que se observa una “reducción de pasajeros que abonan, independientemente del sostenimiento de oferta de servicio”.

En ese marco, según el Ejecutivo, “resulta necesario contar con la herramienta de la emergencia a fin de poder tomar decisiones tendientes a revertir el descenso de pasajeros que abonan y estimular la utilización del servicio, tales como la incorporación del pasajero frecuente” o “la implementación de descuentos en los servicios de horas valle” (las de menor demanda), incorporadas a su vez en el nuevo pliego.

Las cláusulas para convocar a licitación fueron elaboradas sobre la base de los datos de 2024 del sistema SUBE. Mencionan una demanda del 70% respecto de los niveles anteriores a la pandemia de Covid, adecuan la programación de las frecuencias mínimas y establecen “una mejora escalonada a medida que la demanda aumente”.

Para el transcurso de la concesión, el pliego también prevé modificaciones en la flota mínima obligatoria para cumplir con el nuevo esquema, “optimizando recorridos e incorporando nuevas trazas a implementarse desde el inicio del contrato”.

El Ejecutivo insiste en el mensaje de elevación que tomó en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Entre ellas las relacionadas a la tarifa.

El pliego establece que los costos tecnológicos (wifi, sensores, pantallas, cámaras, caja negra) no serán trasladados a la tarifa ni incluidos en el estudio de costos tarifarios, ya que serán financiados con ingresos por publicidad.

El proyecto limita la inversión obligatoria en infraestructura a la construcción de 30 refugios por año durante el plazo de concesión, los cuales se incluirán en el estudio de costos como parte del esquema tarifario.

En cuanto al parque automotor, se mantiene el objetivo de implementar unidades accesibles, las que deberán incorporarse paulatinamente en la medida en que la infraestructura lo permita en las respectivas líneas.

Se mantiene como eje estructurante del sistema la “línea anular”, concebida como un servicio rápido y de alta accesibilidad. “Este corredor se desarrolla sobre infraestructura de altas prestaciones y cumple la función de articular subcentros urbanos y barrios periféricos a través de su vinculación en el trazado con el resto de las líneas, lo que facilita el trasbordo con cualquiera de ellas, reduce los tiempos de viaje y favorece la movilidad cotidiana hacia centros educativos, de salud, deportivos y administrativos”.

En esa línea, el proyecto incorpora la posibilidad de realizar trasbordos entre cualquier línea y en cualquier punto del partido, sin costo adicional para el usuario.

El plazo de 20 años tiene la finalidad de “amortizar las inversiones” y se fijó “por razones técnicas, sociales y de estabilidad regulatoria”, explicó el municipio. Y apuntó: “La inversión inicial para contar con un mínimo de un 20% de la flota en vehículos 0 km y la correspondiente infraestructura en refugios y paradas para la operación del sistema (…) solo resulta viable si se ofrece a quien pretenda ser oferente un horizonte de largo plazo, ofreciendo la seguridad jurídica necesaria para atraer oferentes”.

Este es el tercer pliego del transporte elevado por Montenegro. El primero fue archivado por el Concejo en mayo de 2021 y el segundo, devuelto por los concejales al Ejecutivo a fines de 2023.