El Colegio de Escribanos se pronunció a favor del proyecto de ordenanza para implementar un régimen de regularización simplificada de construcciones.

Impulsada por el bloque de la Coalición Cívica, la iniciativa busca que se puedan declarar ampliaciones sin multas. Incluye beneficios impositivos y un trámite abreviado para facilitar la incorporación de metros de construcción no declarados en los planos originales.

En una nota firmada por su presidente, Carlos Martín Pagni, el Colegio de Escribanos calificó al proyecto como “una herramienta útil y necesaria”.

A su entender, “facilita la regularización de obra no declarada”, algo que se da “en proporciones importantes”, al tiempo que “dota de mayor transparencia a las operaciones inmobiliarias, agiliza el tráfico inmobiliario y mejora la seguridad jurídica”.

Pagni puntualiza que “el proyecto plantea dos etapas y se introducen mejoras sustanciales en los procedimientos actuales”.

“En una primera instancia, adherimos a la posibilidad de obtener el ‘certificado municipal’ (emitido dentro de los cinco días) previo a la regularización definitiva, que nos permitiría intervenir en las operaciones sin la necesidad de retener sumas de dinero (en la mayoría de los casos imposible de determinar fehacientemente), a cuenta de eventuales diferencias tributarias”, explica.

“Hoy se retiene en base al valor del inmueble o estimando la cantidad de metros a regularizar, lo que genera incertidumbre entre las partes, probable pérdida del valor monetario retenido y riesgo en la custodia de dichos valores”, agrega.

Según indica, “muchas veces la demora en la emisión del certificado municipal no solamente pone en riesgo a la operación inmobiliaria, sino que es determinante para que se ‘caiga’, con las previsibles consecuencias, que van desde lo jurídico por eventuales incumplimientos hasta la triste frustración de una familia en momentos de acceder a su primera vivienda”.

Por su parte, “la segunda etapa del régimen establece un plazo razonable (un año) para completar la regularización del plano, sin obstaculizar la transferencia de dominio”.

El Colegio de Escribanos recordó que “esto apunta no solamente a las operaciones tradicionales (compra y venta entre particulares), sino que otro actor importante es la entidad bancaria que otorga créditos hipotecarios, cuyos plazos son más exiguos para el mantenimiento del acuerdo bancario del crédito”. De este modo, “la excesiva demora genera la posible caída de los dictámenes de riesgo, la no actualización del monto del mismo o eventuales modificaciones de las condiciones económicas, lo que pone en situación de incertidumbre a las partes intervinientes”.

A su entender, “el esquema propuesto en el proyecto compatibiliza la necesidad del estado municipal de actualización de la información catastral, la fluidez que requiere el mercado inmobiliario y la seguridad que brinda el notario a dicha transacción”.

En una nota anterior, el Colegio de Arquitectos se había manifestado en contra de la iniciativa, al sostener que
“avasalla incumbencias profesionales de arquitectos matriculados” y “simplifica el trámite de la presentación del plano sin permisos”.

Para la entidad, el proyecto “coloca al municipio como garante técnico de la seguridad de las construcciones, asumiendo una función que no le es propia ni le corresponde asumir”, al tiempo que desconoce “obligaciones profesionales y previsionales reguladas por normas provinciales de jerarquía superior”.