Ese 27 de diciembre de 2022, al mediodía y en pleno centro de la ciudad, la policía Jésica Soledad Vargas (33) debió detenerse un segundo a pensar en que el hecho de prestarle su arma reglamentaria a su entonces pareja, Wilson David Aquino (28), para “apretar” a un cuidacoches que debía 29 mil pesos de un alquiler le iba a traer graves consecuencias. Tres años y un mes después, el Tribunal Oral Nº 1 evaluará cuáles.

El caso llegará a juicio oral este miércoles, tras una investigación realizada por el fiscal Alejandro Pellegrinelli, quien imputó entonces al hombre por los delitos privación ilegítima de la libertad y portación ilegal de arma de fuego de guerra. En tanto, sobre la mujer consideró que incurrió en el incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública.

Los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Paula Soulé analizarán las acciones de Vargas y Aquino, quienes al momento del hecho se encontraban acompañados por Raúl Alberto Mosquetto (42) y Ricardo Jesús Menéndez (41). A diferencia de la pareja, que rompió su vínculo sentimental después de sucedido aquel episodio, éstos últimos dos acusados lograron una “probation” y no estarán sentados en el banquillo durante el debate oral.

De acuerdo a la pesquisa que llevó adelante Pellegrinelli todo comenzó el 27 de diciembre de 2022, momentos antes de las 12.45, en la zona de Diagonal Pueyrredon e Independencia. Aquino, Mosquetto y Menéndez aparecieron en el lugar y abordaron a Jeremías Sebastián López de forma violenta cuando cuidaba automóviles estacionados. Por la fuerza, hicieron que ascendiera a un vehículo marca Renault 12 y una vez dentro, mediante la exhibición de un cuchillo que le colocaron sobre el cuello, el último de los hombres citados le dijo: “Si te movés nos vemos”.

El rodado avanzó por las calles del centro marplatense hasta que, advertidos de lo que ocurría por testigos que habían llamado al Servicio de Emergencias 911, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local lo interceptaron en el cruce de Rivadavia y San Luis. Para ello fue clave, además, la intervención del personal del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que observó el trayecto de los agresores desde Belgrano hacia la costa y, luego, su detención en doble fila en el sitio mencionado.

El automóvil había presentado un desperfecto que frenaba su marcha y, para entonces, una mujer que resultaría ser Vargas, integrante de la Policía Federal Argentina (PFA), intentaba empujarlo desde el sector del baúl junto a Mosquetto. En el interior permanecían la víctima, Aquino y Menéndez.

Al observar la llegada de los patrulleros, la mujer intentó irse rápidamente con su cómplice por Rivadavia hacia Córdoba, pero ambos quedaron aprehendidos. Acto seguido, los efectivos se acercaron al Renault 12 y notaron la presencia de otros tres hombres. Uno de ellos, López, entonces gritó: “Me tienen secuestrado”.

Los policías observaron también que el ocupante del vehículo que pedía ayuda estaba siendo ahorcado por uno de los sospechosos, que en su mano derecha portaba un cuchillo de gran dimensión con mango de color negro. De inmediato, procedieron a rodear el automóvil y detuvieron al resto de los acusados.

Durante la requisa realizada en el lugar, los investigadores hallaron entre las ropas de Aquino, escondida a la altura de su cintura, el arma de fuego reglamentaria calibre 9 milímetros marca Bersa de color negro que la PFA le había asignado a Vargas. La misma llevaba, además, un proyectil en la recámara, su cargador colocado con 16 municiones y la credencial con el nombre la mujer.

Del vehículo secuestraron también el cuchillo utilizado por los agresores para amenazar a López -estaba en el asiento trasero-, un handy con su respectivo cargador y un teléfono celular.

La deuda

Al tomarle declaración a la víctima, el fiscal Pellegrinelli supo que se trataba de un hombre en situación de calle que se dedicaba a cuidar automóviles estacionados y que había vivido en una habitación alquilada a Mosquetto ubicada en Tripulantes del Fournier 7172. Como no le alcanzaba el dinero para seguir allí, decidió irse días antes del hecho.

López admitió ante el instructor penal que le debía la suma de 29 mil pesos al dueño del inmueble. Sin embargo, explicó que le había dejado dicho que lo fueran a buscar al centro, donde les entregaría el monto impago.

En otro pasaje de su entrevista con el investigador, López identificó a los agresores, ya que los conocía porque los había visto en la vivienda que alquilaba. “Me decían que les pague la deuda, lo que les debía, o me iban a tirar del acantilado… Que yo no sabía quiénes eran ellos, que estaban con la Brigada”, mencionó, y fue entonces cuando aclaró haber visto la pistola y el cuchillo.

Cuando fue citada a declarar como imputada, Vargas brindó una versión exculpatoria. Mencionó entonces que había sido custodia del fiscal General Federal, Daniel Adler, y que al momento de su detención su arma reglamentaria estaba en el Renault 12 porque cuando salía la llevaba consigo.

La entonces policía, que quedó separada de la fuerza al conocerse la acusación que pesaba sobre ella, también culpó de lo sucedido a Aquino, con quien finalizó su relación sentimental entre enero y febrero de 2023, e indicó que éste había tomado la pistola sin su consentimiento.

Conforme pudo saber LA CAPITAL tras acceder a documentos judiciales, para Pellegrinelli “las diferentes justificaciones brindadas por Vargas no resultan suficientes para desvirtuar los elementos de cargo reunidos; manteniéndose incólume la pretensión fiscal”. Por ese motivo, la procesó por incumplir sus deberes de funcionaria pública y pidió que fuera juzgada junto a su expareja. En el caso de Aquino, la imputación formulada es por los delitos de privación ilegítima de la libertad y portación ilegal de arma de fuego de guerra.