El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue procesado este lunes por asociación ilícita, en una causa que investiga presuntos cobros de sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública.

La decisión fue adoptada por el juez federal Sebastián Casanello, quien también procesó a otras 18 personas, entre ex funcionarios y empleados del organismo y empresarios privados. A todos les impuso embargos de distinta magnitud sobre sus bienes.

El monto más elevado recayó sobre Spagnuolo, con un embargo superior a los 202 millones de pesos.

El fallo alcanza además a Daniel Garbellini, quien fue segundo de Spagnuolo en la ANDIS, y a Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos vinculados al sector de las droguerías.

En su resolución, Casanello sostuvo que durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei se configuró “un entramado de corrupción institucional” cuyo núcleo fue el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Según el juez, el esquema se conformó a partir de la actuación conjunta de funcionarios que ocupaban cargos de máxima jerarquía y operadores externos, quienes habrían intervenido de manera coordinada “en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

El magistrado señaló que la ANDIS se transformó en una vía de enriquecimiento para los integrantes de la organización, en detrimento de su objetivo central: la protección y el cuidado de las personas con discapacidad.

La resolución también deja abierta la posibilidad de una investigación más amplia. Casanello advirtió que el esquema detectado “no parecería agotarse en los hechos aquí probados” y que aún presenta contornos imprecisos.

“Dentro de la propia Agencia existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, afirmó.

El juez agregó que el volumen de los negocios, la magnitud de las cifras y la falta de reacción ante quejas de empresarios desplazados o funcionarios disconformes sugieren un entramado con un alcance mayor y posibles niveles adicionales de complicidad.