Por Fernando del Rio

Ariel Bualo fue condenado a reclusión perpetua por el asesinato de sus dos hijos: Sebastián, de 4 años, y Valentina, de 2. El episodio ocurrido el 17 de octubre de 2000, acaso uno de los más crueles en la historia policial de Mar del Plata, conmocionó, irritó, indignó y enojó a toda la sociedad, que se ilusionó con un castigo que no podía permitir la Constitución Nacional: la pena de muerte. En realidad, ese deseo conjunto –como muy pocas veces se había visto y se volvería a ver– era figurado, metafórico pero tan anhelado que se representaba en la frase “que se pudra en la cárcel”.

El tiempo ha pasado y la memoria suele adormecerse de manera misteriosa. No es inusual, entonces, que se releguen algunas historias, incluso las más traumáticas, aunque la sola mención de una palabra, de un apellido, de una descripción, pone a funcionar nuevamente la usina de recuerdos. El nombre Ariel Bualo, a quien el desprecio social lo llevó al olvido en un pabellón del neuropsiquiátrico Melchor Romero, vuelve a resonar ante la posibilidad de que tenga una vida después de la condena. Porque en Argentina las penas perpetuas no son para siempre y un juez debe analizar si un condenado tiene el derecho legal de una libertad condicional.

Por estos días está más cerca la decisión del Tribunal Oral N°3, aquel que lo juzgó en el año 2001, de estudiar el caso de Bualo, quien en octubre último presentó su pedido para recuperar su libertad al cumplirse 25 años en prisión. “El nombrado permanece detenido en forma ininterrumpida desde el 18/10/2000, por lo que lleva privado de su libertad 25 años y cuatro días, con lo cual ha cumplido el requisito temporal”, escribió la abogada Fabiana Danti.

El derecho que reclama Bualo se ajusta a una ley que ya no existe más, pero que al momento de recibir la condena estaba vigente. Esa ley conocida como Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, de 1996 pero con base en el Código Penal de 1921, indicaba que la libertad condicional podía pedirse para un condenado a perpetua a los 20 años y se le sumaba otros cinco para la accesoria legal. Si Bualo hubiera sido condenado después del 2004, de la conocida como la Ley Blumberg, recién podría exigir su libertad a los 35 años.

Ahora es el juez Federico Wacker Schroder el que deberá resolver, como ya en 2019 lo había hecho su colega Mariana Iriani en relación con un pedido de salidas transitorias. En aquella ocasión, la jueza lo rechazó porque Bualo no tenía un domicilio para ofrecer. En verdad, el único domicilio posible era el de su madre, pero ella se negó a recibirlo.

“En Argentina las penas perpetuas no son para siempre y un juez debe analizar si un condenado tiene el derecho legal de una libertad condicional.”

Adriana García junto a sus hijos Sebastián y Valentina.

El dolor

El doble filicidio cometido por Bualo arrancó de este mundo a los pequeños Sebastián y Valentina, en una acción destinada a lastimar a Adriana García, la madre. Bualo había sido corrido del núcleo familiar por violento en el mes de abril de ese año 2000 y la mujer, docente de una escuela diferencial, había pedido ayuda en la Justicia y no había tenido respuesta.

Por eso, cuando llegó el día de la madre, el 16 de octubre, los niños permanecieron con la mujer y al día siguiente fueron con el padre. El plan era comer con la abuela (la madre de Bualo) y luego ir a un pelotero. Sin embargo, Bualo no cumplió con su palabra y después del almuerzo los llevó a una casa de Bouchard 7222. “Los nenes te van a dar una sorpresa para tu cumpleaños”, le dijo Bualo a la mujer, que cumplía años un día después.

En verdad, Bualo quería así aleccionar a la mujer por haberlo dejado y porque la acusaba de haber intentado alguna nueva relación.

Bualo mató a sus dos pequeños hijos y luego pasó toda la noche con los cadáveres. Al día siguiente, y con el mismo cuchillo, se hizo algunos cortes antes de llamar a la policía. Dentro de la casa, los peritos encontraron algunas misteriosas cartas en las que Bualo firmaba con un número e informaba de lo que había hecho a una “institución”.

Cuando se conoció el caso, quedó al descubierto la falla del sistema de Justicia de Mar del Plata al desoír los reclamos y pedidos de García durante meses. También la misma noche de la desaparición no le tomaron la denuncia en dos comisarías diferentes.

Hace solo tres meses, en noviembre, García se manifestó. Fue cuando se enteró del pedido de Bualo de obtener la libertad condicional. Su texto es desgarrador: “Expresarme antes que la angustia me gane. Cada tanto me enfrento al dolor que provoca la espantosa noticia del pedido de libertad de ese ser despreciable condenado por el asesinato de mis hijos, Sebastián y Valentina, ocurrido el 16 de octubre del año 2000 en Mar del Plata. Mi vulnerabilidad hace un juego para protegerme. Voy del dolor a la frialdad de mis análisis racionales para no morir de tristeza. Disociación inmediata”, escribió en redes sociales.

Luego, continuó diciendo que “después de 25 años, pensar que el responsable de un crimen tan inhumano podría quedar en libertad es una nueva forma de violencia. ¿Y van cuántas? Reabre tanto nuestras heridas, pero además pone en riesgo a la sociedad y pone en cuestión el compromiso del sistema judicial con la protección de las víctimas. Me pregunto qué valor tiene la verdad y los hechos si la justicia le perdonase la vida a un sujeto así. Solo rezo por quien tenga que poner la firma”.

“No se trata solo de memoria y justicia para Sebastián y Valentina. Se trata también de prevenir, de proteger, de evitar, de equiparar VERDAD con JUSTICIA.”

“La hiena” –prosiguió– no es solo parte de mi historia personal, es también parte de una historia colectiva de impunidad, de fallas en la evaluación del riesgo, de sesgos, de desprotección frente a la violencia familiar y de una Justicia que muchas veces no dimensiona el impacto real de sus decisiones. Solo denuncio tres, cuatro, cinco veces. Somos Las Locas, somos las provocadoras. Hoy, que puedo entender y advertir el peligro que implica otorgar la libertad a quien cometió acto de una crueldad indescriptible, no me voy a quedar cruzada de brazos para no provocar y ser obediente. Me duele el alma, vienen a mi cabeza miles de imágenes y preguntas que duelen tanto que no quiero contarlas. No se trata solo de memoria y justicia para Sebastián y Valentina. Se trata también de prevenir, de proteger, de evitar, de equiparar VERDAD con JUSTICIA. Ni siquiera pido que las decisiones judiciales se tomen con perspectiva de género, las exijo desde el enfoque en derechos humanos, los derechos del niño y con real conciencia del daño que dejan estos crímenes. No terminaron con dos vidas, terminó con la de mi familia entera. Pasaron 25 años. Pero el tiempo no borra el dolor y menos la responsabilidad. La libertad de un asesino no puede ser un trámite más. La paz de mi familia y la mía no puede depender de una firma. Estaré más atenta que nunca”.

Bualo fue reconocido durante el juicio, y en posteriores evaluaciones, como una persona con problemas psiquiátricos. De hecho, su condena la cumplió en Melchor Romero, donde una de las últimas actividades que se le conocieron fue un taller de encuadernación. El único beneficio que se le otorgó alguna vez fueron tres visitas al año a la cárcel de Batán para facilitar el contacto con alguien de su entorno.

Por esa condición mental detectada desde hace años, el juez Wacker Schroder deberá tener en cuenta no solo el plazo temporal que fija la ley, sino también los distintos informes actualizados y pericias, que ya fueron pedidos por el fiscal de ejecución, Marcos Pagella. Se desconoce por el momento la fecha de audiencia en la que se definirá el futuro de Bualo.