Por Jorge Raventos

Javier Milei no estaba en Buenos Aires cuando sus diputados consiguieron el exitazo de la aprobación de la ley de reforma laboral. En un gesto de suficiencia, si se quiere, el Presidente había viajado el miércoles a Estados Unidos para a escoltar a Donald Reagan en la presentación de la Mesa de la Paz que creó y conduce el presidente de Estados Unidos. Cuando voló aún no estaba plenamente garantizada la victoria del proyecto oficialista en la Cámara baja, y Donald Trump no había recibido aún el impacto disparado por la Corte Suprema de Estados Unidos, que lo privó de su arma favorita de negociación internacional: la fijación de aranceles a las importaciones (con el voto, conviene acotar, de tres jueces supremos promovidos por el propio jefe de la Casa Blanca). Los hechos se suceden a gran velocidad.

La iniciativa laboral promovida por el oficialismo había conseguido pasear triunfalmente en el Senado merced a negociaciones discretas que sacrificaron artículos concebidos contra las organizaciones sindicales (“cuota solidaria”, descuento por planilla de la contribución a los gremios, aporte patronal a las obras sociales, etc.) y también los que objetaban las provincias (reducción de tres puntos en la alícuota del Impuesto a las Ganancias para empresas, un recurso coparticipable que perjudicaba sensiblemente sus finanzas). Con la media sanción de la Cámara Alta parecía que el paso por la Cámara de Diputados sería pan comido, pero el texto que aprobaron los senadores incluyó un capítulo que no estaba en el proyecto original del Ejecutivo y que había sido incorporado sorpresivamente en las últimas horas anteriores al tratamiento en la Cámara: afectaba el régimen de licencias por enfermedad y preveía la reducción drástica de las remuneraciones en un amplio número de casos.

¿Quién fue?

¿Quién incorporó esos párrafos? Fuentes libertarias señalan al ministro Federico Sturzenegger, quien por otra parte fue uno de sus más elocuentes defensores de esos párrafos en los medios. Lo cierto es que ese agregado extemporáneo embarulló el debate, alteró a aliados y opositores y obligó al oficialismo a sucesivos retrocesos: primero intentó que Diputados aprobara la ley tal como había salido del Senado y se encontró con fuertes resistencias de los aliados que podían definir la votación, después propuso modificar el punto discutido cuando la ley fuera reglamentada (es decir, después de sancionar la ley con ese punto incluido) , pero eso requería un ejercicio de confianza en el Ejecutivo que no estaba disponible. Finalmente la Casa Rosada optó por aceptar que Diputados eliminara lisa y llanamente las cláusulas discutidas. Esto implicó resignarse a que el proyecto volviera al Senado para su sanción definitiva.

Se abría sin embargo la posibilidad de que los diputados no se limitaran a suprimir el capítulo de las licencias por enfermedad y ampliaran la agenda de retoques. El Pro, por ejemplo, pretendía que se permitiese a las “billeteras extrabancarias” (hablando en plata: Mercado Pago) convertirse en entidades de liquidación de salarios, una licencia que la ley reservó solo a las entidades bancarias. Muchos legisladores, de distintas bancadas , particularmente las que tienen vasos comunicantes con gobernaciones de provincias, reclamaron contra el mecanismo llamado FAL (Fondo de Asistencia Laboral), que subsidia los despidos de las empresas con fondos de ANSES, desfinanciando así al ya sensiblemente debilitado sistema jubilatorio.

La sesión del jueves de la Cámara de Diputados se abrió con la seguridad de que la ley obtendría la aprobación en general pero que sería disputada la aprobación de algunos capítulos y Milei viajó al mediodía a su cita estadounidense con esa incógnita abierta. En rigor, el asunto empezó a aclararse cuando se comprobó que el oficialismo obtenía -cierto que muy ajustadamente- quorum para sesionar. Y empezó a confirmarse cuando, en una clásica votación destinada a medir fuerzas, los libertarios impusieron su criterio de acotar el número de oradores. La oposición kirchnerista recurrió a distintas artimañas, algunas decididamente alocadas, para demorar o postergar la sesión. El oficialismo, en cambio, pretendía entregarle rápidamente al Senado el proyecto para que éste lo convierta en ley la semana que viene: Milei lo quiere aprobado para llegar victorioso a la apertura de las sesiones ordinarias. Ganó el oficialismo en toda la línea: en general y en particular.

Si bien se mira, la principal aspiración de la Casa Rosada residía en aprobar la ley, independientemente de que ésta perdiera artículos por el camino. Más que una ley, se trata de un símbolo: legisla sobre un tema en el que fracasaron otros presidentes alejados del peronismo: Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa, Mauricio Macri.

El Presidente quiere ilustrar que su gobernabilidad ha crecido después de la victoria electoral y que hoy es capaz de manejar el Congreso. “Manejar” quiere decir concluir negociaciones favorablemente, no “mandar”. El gobierno puede usar una retórica de mando, pero ha aprendido a ejercitar el pragmatismo.

La prisa de Abdala, la desconfianza sobre Villarruel

Para tener la ley a tiempo, los libertarios se apresuraron a programar la sesión de la semana próxima: temiendo que la vicepresidenta Victoria Villarruel demorara esa convocatoria, aprovecharon que la vicepresidente dejó transitoriamente la presidencia del Senado para reemplazar a Milei durante 24 horas y el libertario Bartolomé Abdala, presidente provisional de la Cámara Alta, se ocupó del trámite, aun sin que el expediente a tratar (el texto del proyecto) hubiera terminado de ser discutido y aprobado en la Cámara Baja y enviado formalmente al Senado.

La prisa de Abdala estuvo motorizada por el deseo de la Casa Rosada y también por la creciente desconfianza del oficialismo hacia Victoria Villarruel. La vice se mueve cautelosa pero eficientemente en el territorio público, aunque haya perdido terreno en el espacio oficialista, donde en los inicios de la cruzada mileísta, fue una empinada número 2. La hostilidad del mileísmo militante no ha sido obstáculo -quizás todo lo contrario- para su presencia en la opinión pública. Una encuesta reciente la ubicaba segunda, después de Milei, pero superando al presidente en el saldo entre opiniones positivas y opiniones negativas. Villarruel, apalancada en la Cámara de Senadores (la cámara de las provincias) visita el interior regularmente, en eespecial cuando se celebran aniversarios y fiestas provinciales, y con ese argumento mantiene diálogo con los gobernadores. Una semana atrás estuvo en La Rioja y no tuvo inconveniente en fotografiarse con su mandatario, Ricardo Quintela, identificado con el peronismo opositor. El miércoles asistió en la Catedral Metropolitana a la misa de Cuaresma que condujo el arzobispo Jorge García Curva, un pastor equilibradamente crítico de las políticas libertarias.

El viernes se empeñó en una jugada más audaz: salió a cuestionar la decisión de la Corte Suprema estadounidense contra la política arancelaria de Trump: el fallo, dijo la vice, “implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos”. Además de mostrarse empática con el jefe de la Casa Blanca, Villarruel empleó la circunstancia para marcar diferencias entre la política económica de la Casa Blanca y la que apoya la Casa Rosada. “La apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales. Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno.Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina. Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo”. La vice hace notar que está despierta.

Eppur si muove

El mal paso oficialista en el Senado cuando introdujo la inesperada cláusula sobre las licencias médicas apuntó los reflectores sobre una reforma que nunca fue debidamente debatida. Quienes la examinaron más cuidadosamente notaron que no hay previsiones sobre las formas nuevas de trabajo, motorizadas por la tecnología, ni tampoco dispositivos destinados a garantizar o estimular el empleo en blanco, sino más bien, artículos tendientes a alivianar el costo de los despidos y, en algunos bienvenidos casos, a acotar el peso de la conflictividad en las pequeñas y medianas empresas. En cualquier caso, los extremos de las cláusulas sobre licencias por enfermedad subrayaron ciertos criterios de restauración de viejas prácticas que la legislación argentina (para no hablar de la de los países más avanzados, que solemos tomar como ejemplo) dejaron largamente atrás.

Efecto complementario de esa situación fue el empujón que el mal paso del gobierno dio a la CGT, que puso finalmente en práctica la medida de fuerza que venía analizando (y demorando) a la espera de tiempos políticamente más aptos. Desde las bases gremiales (y desde la izquierda que compite con los gremios peronistas en los lugares de trabajo) se venía acusando a la nueva conducción cegetista de inmovilismo. El paro del jueves, lanzado con pocos días de preparación, mostró que la situación estaba suficientemente madura, recalentada, si se quiere, por los cierres de plantas (el caso más notorio, pero no único, es el de Fate), los despidos y las suspensiones que golpean al trabajo registrado (y que, con otros factores, incide sobre el trabajo no registrado).

El argumento de que la huelga fue exitosa porque paró el transporte es pueril. Es como quejarse de que determinado equipo ganó porque el arquero atajó tres penales. Los arqueros forman parte del equipo, así como los gremios del transporte forman parte del movimiento sindical. Su participación en la medida es un exponente de los rasgos generales de la crisis laboral y de ingresos. Conviene echar una mirada al paisaje que contribuyó al exitoso paro cegetista.

La industria argentina atraviesa una etapa crítica marcada por la caída de la producción, el cierre de empresas, la pérdida de empleo formal y el deterioro salarial. Informes oficiales y privados coinciden en señalar que el proceso de apertura comercial y el fuerte crecimiento de las importaciones están en el centro del deterioro productivo. Ese es uno de los secretos del cierre de Fate.

Las importaciones crecieron 25% interanual en valor, con subas generalizadas en casi todos los rubros. El volumen importado alcanzó niveles similares a los del período 2017-2018 y, en algunos meses, incluso los superó. El avance estuvo liderado por bienes de consumo y bienes de capital, en particular vehículos, maquinaria y equipos eléctricos. Las importaciones crecieron seis veces más que el PBI durante 2025, con un fuerte peso de bienes finales, lo que refleja un desplazamiento de la producción local. Desde agosto de 2024, las importaciones aumentaron 35% y el Índice de Producción Industrial cayó 4%. Sectores intensivos en empleo, como el textil, el calzado y el cuero, registraron retrocesos en producción y puestos de trabajo.

Los incentivos económicos estimulan la sustitución de producción local por bienes externos. En la biblia oficialista lo importante es favorecer el mejor precio, porque eso beneficiaría a los consumidores. Sucede que para consumir se necesita dinero, ganar un salario, tener empleo.

El oficialismo puede preciarse de haber bajado la inflación y una mirada interanual no puede sino confirmarlo. Ahora bien, desde mayo de 2025 hasta la fecha la tendencia es inversa, hay una línea ascendente en los números. Si se midiera lo que queda en los bolsillos de los ciudadanos después de pagar los servicios (y hay que tomar en cuenta que los alquileres no se computan en la medición del INDEC) la línea sería claramente descendente.

El deterioro laboral se combina con una caída del poder adquisitivo. El salario real volvió a retroceder en 2025 y 2026, y el salario mínimo perdió capacidad de compra.

La pérdida de empleo formal se consolidó como uno de los principales impactos. Se calcula una caída neta de más de 155 mil puestos registrados desde 2024, concentrada en el sector privado. Parte de estas pérdidas fue compensada por el crecimiento del trabajo independiente y el monotributo.

Lo que se requiere, en resumen, es una política que atraiga inversiones productivas, que incremente la producción y los servicios y fortalezca el empleo. Donald Trump tiene su propia fórmula en Estados Unidos, diría Villarruel.