El sistema de educación privada en la provincia de Buenos Aires, que alcanza casi el 30% de la cobertura educativa y contiene a más de 1.3 millones de alumnos, atraviesa un escenario de creciente incertidumbre. A las dificultades financieras que vienen arrastrando muchas instituciones —marcadas por el atraso en la actualización de cuotas, el aumento de costos y la caída de la matrícula— se suma ahora una nueva preocupación: la presión impositiva que comienzan a aplicar algunos distritos y que podrían extenderse a otros municipios.

Uno de los casos que encendió la alarma en el sector es el de Pilar, donde el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza 112/25 que aumenta el 100% la tasa de seguridad e higiene y establece una contribución obligatoria de 7.500 pesos mensuales por cada empleado de las pymes, categoría en la que también quedan encuadradas las escuelas privadas.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada  (Aiepa), explicó que esta medida puede provocar un fuerte impacto en las instituciones educativas, que suelen contar con planteles numerosos. “Una escuela privada es una pyme particular, porque no tiene cuatro o cinco empleados. En promedio tiene entre 60 y 120 personas trabajando como mínimo ”, señaló.

De acuerdo con los cálculos del sector, una institución de tamaño medio podría llegar a pagar entre 1,5 y 2 millones de pesos por mes en tasas municipales, lo que representaría más de 20 millones de pesos al año.

“En el contexto actual es realmente inexplicable esta situación para nuestro sector. No se está teniendo en cuenta la realidad económica de las escuelas”, sostuvo Zurita, quien adelantó que la entidad evalúa distintas medidas para que las autoridades municipales reconsideren la decisión.

Aumento salarial docente y presión sobre las cuotas

El escenario se vuelve aún más complejo por la negociación paritaria docente en la provincia. Según explicó Zurita, el Gobierno bonaerense ofreció un incremento salarial del 9% en tres tramos, que se sumaría a aumentos previos otorgados a fines del año pasado.

Desde el sector educativo privado aseguran que no cuestionan las mejoras salariales, pero advierten que necesitan que se autorice una actualización equivalente en los aranceles para poder afrontar los pagos.

“Las escuelas tienen que pagar los aumentos salariales, pero si no se autorizan ajustes en las cuotas se genera un problema financiero muy grave, difícil de afrontar”, explicó.

En la provincia de Buenos Aires, alrededor del 70% de los colegios privados recibe aporte estatal, lo que implica que los incrementos de cuotas deben ser autorizados por el gobierno provincial.

Cierres de escuelas y caída de matrícula

Zurita también se refirió a los cierres de instituciones educativas privadas registrados en los últimos años, algunos de ellos en el conurbano y también en la ciudad de La Plata.

Según indicó, se trata de un fenómeno que comenzó a notarse con mayor fuerza después de la pandemia y que responde a una combinación de factores.

Entre ellos mencionó la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula —con unos 300 mil alumnos menos en todo el sistema educativo en los últimos cuatro años—, el atraso en los aranceles, el aumento de tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas familias que como consecuencia hizo aumentar los porcentajes de morosidad.

“Hay escuelas que no cerraron pero cuya situación es crítica, están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, explicó.