El conflicto por la construcción de una torre de 35 pisos en la manzana de Aristóbulo del Valle y Falucho sumó un nuevo capítulo judicial, al tiempo que crece el malestar de los vecinos de la zona. A pesar del reciente levantamiento de la medida cautelar que frenaba el avance administrativo del proyecto, las organizaciones Mirada Ciudadana y Surfrider Foundation presentaron una denuncia penal contra un arquitecto que respaldó y certificó el plan de obra sin estar matriculado en el distrito.

La abogada que representa a las organizaciones, Soledad Arenaza, argumentó que el arquitecto Ricardo Rodríguez “no está matriculado en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires desde 2011” y acusó un posible delito de “usurpación de título”. Según la profesional, Rodríguez firmó un informe complementario sobre cuestiones normativas y urbanísticas, presentado por los inversores ante el municipio. Arenaza lo consideró como uno de los varios elementos que objetarían la validez y viabilidad de este desarrollo. “Estos son aportes posteriores a la medida cautelar que revocó la Cámara”, aclaró.

En ese sentido, Mirada Ciudadana y Surfrider Foundation aseguran que el proceso judicial sigue firme y que existen graves irregularidades ya acreditadas en el expediente y presentaron pruebas validadas por el Estado municipal “para beneficiar a un grupo reducido de desarrolladores”.

El proceso, que tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 a cargo del juez Simón Isaach, busca frenar lo que los vecinos consideran un atropello al patrimonio arquitectónico y natural de la ciudad.

Según detalló la abogada, el foco de la demanda no solo reside en el impacto visual sobre el Chalet “La Robla”, sino en las anomalías legales detectadas en la tramitación del proyecto inmobiliario impulsado por la sociedad “Paisajes Urbanos”. “Se pretenden instalar normas especiales para proyectos que destruyen el perfil costero de playa Varese y la identidad del barrio Stella Maris”, afirmaron desde las entidades. El cuestionamiento apunta directamente a la sistematicidad con la que se estarían otorgando excepciones para construcciones de gran escala, vulnerando el espíritu del Código de Preservación Patrimonial de General Pueyrredon.

“Nosotros, sin desconocer la necesidad de trabajo e inversión, estamos convencidos que la ciudad no necesita refundarse ni reinventarse, sino valorarse en su identidad, patrimonio urbano y ambiental, respetando las leyes vigentes y el espíritu que motivó, especialmente, la sanción del Código de Preservación Patrimonial de General Pueyrredon”, aseguran.

La autorización

En septiembre de 2024, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría la autorización para la construcción de una torre de 35 pisos en Alem y Falucho. La excepción al Código de Ordenamiento Territorial (COT) fue sancionada con los votos del interbloque del oficialismo local (Vamos Juntos-UCR-Coalición Cívica) y La Libertad Avanza, mientras que Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense se pronunciaron en contra.

El proyecto de la firma Paisajes Urbanos MDP, promovido por el gobierno municipal, incluye la construcción de un edificio de tres niveles, también en la manzana delimitada por las calles Alem, Aristóbulo del Valle, Falucho y Gascón. La iniciativa contempla la preservación, puesta en valor y refuncionalización del chalet de María Frers de Mahn (conocida como Villa La Robla), declarado de interés patrimonial, y de dos propiedades con valor patrimonial aún sin declarar que forman parte del conjunto del ingeniero Alula Baldassarini.