El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata inició la audiencia de alegatos de clausura en el juicio por delitos de lesa humanidad conocido como Subzona 15, parte III, donde el Ministerio Público Fiscal comenzó la exposición de las pruebas de cargo contra 16 imputados por crímenes cometidos contra 119 víctimas durante la última dictadura militar.

Los magistrados Nicolás Toselli, Fernando Minguillón y Enrique Méndez Signori escucharon la primera parte de la alocución del fiscal Santiago Eyherabide y la auxiliar fiscal María Eugenia Montero. La acusación remarcó que este proceso penal representa la continuidad de una serie de juicios iniciados hace 15 años en la ciudad, orientados a reconstruir el esquema represivo que operó bajo la órbita de la Subzona Militar 15.

De las 119 víctimas contempladas en el objeto procesal, 86 casos llegan a la instancia de debate oral por primera vez. Los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que, debido al tiempo transcurrido, gran parte de la prueba es de carácter documental y se basa en testimonios recabados en etapas de instrucción o juicios previos, integrados ahora como elementos de convicción para este tribunal.

El debate aborda privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, homicidios y desapariciones forzadas. También se analizan nueve casos de abusos sexuales. La fiscalía sostuvo que estas agresiones sexuales no fueron actos individuales de los subordinados, sino que constituyeron una práctica sistemática y recurrente dentro de los centros clandestinos de detención.

La exposición fiscal se fundamentó en la sentencia de la causa 13/84 para establecer el marco histórico. La acusación afirmó que aquel fallo de la Cámara Federal determinó la existencia de un plan estatal de exterminio y la división del país en zonas militares para la ejecución de secuestros y torturas. En este contexto, la Subzona 15 funcionó con dependencia directa del Primer Cuerpo del Ejército.

En relación a la operatividad local, el alegato repasó la actuación de la Fuerza de Tareas número 6. Esta estructura estuvo integrada por personal de la Base Naval, la Prefectura Naval y la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina. La fiscalía argumentó que existió una coordinación permanente entre estas fuerzas y las autoridades del Ejército para el control del territorio y la represión ilegal.

Los imputados por el Ejército son Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Carlos Alberto Suárez, Rubén Fernández y Carlos Víctor Milanese. Por su parte, la acusación por la Armada y la Prefectura Naval recae sobre Raúl Alberto Marino, Raúl César Pagano, Alfredo Raúl Weinstabl, Luis Héctor Bonanni, Ernesto Davis, Daniel Eduardo Robelo, Carlos María Robbio, Julio César Fulgencio Falcke, Héctor Raúl Azcurra, Néstor Ramón Eduardo Vignolles y Osvaldo Gaspar Siepe.

El Ministerio Público Fiscal aclaró que las imputaciones son de carácter funcional, dado que los procesados ocupaban puestos de mando medio o segundas líneas en las jerarquías de las fuerzas al momento de los hechos. Asimismo, se informó al tribunal que la totalidad de los acusados posee condenas previas por delitos similares en otras causas de lesa humanidad.

Durante el desarrollo del juicio, que se extendió por 15 meses y superó las 30 audiencias, se analizó la mecánica de las desapariciones y las inhumaciones como NN en el cementerio local. La fiscalía subrayó que el sistema represivo marplatense evolucionó desde el análisis de centros clandestinos específicos hacia una comprensión integral del circuito de persecución.

El alegato de clausura continuará el viernes 10 de abril a las 9. En esa jornada, los fiscales profundizarán en la responsabilidad penal individual de cada uno de los 16 ex militares y agentes de seguridad. La etapa final del proceso incluirá la calificación legal de los hechos y el pedido formal de penas de prisión para los acusados.