El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, rechazó el proyecto del Gobierno nacional que propone transferir cuotas de captura de merluza desde la flota fresquera a la congeladora. Sostuvo que la iniciativa, presentada en el Consejo Federal Pesquero, “va en contra de la Ley Federal de Pesca y del sistema productivo”.

El funcionario indicó que la propuesta contradice la Ley Nº 24.922. “La norma es clara: no se pueden transferir cuotas de barcos fresqueros a congeladores. El artículo 27 lo establece. El proyecto plantea una triangulación que incumple la ley”, dijo.

Rodríguez también vinculó la iniciativa con el intento oficial de modificar el régimen pesquero al inicio de la gestión. “La Ley Federal de Pesca ya fue cuestionada en la ley ómnibus. Ahora se busca un mecanismo que la elude y afecta a una parte de la cadena”, afirmó.

El proyecto, denominado “Procedimiento de Optimización Productiva de Merluza Hubbsi”, fue elaborado por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca junto con la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera. Plantea que los buques fresqueros que no utilicen su cuota anual la cedan hasta 2039 a un fondo específico, que luego reasignaría esas capturas a barcos congeladores.

En el esquema vigente, cuando un buque fresquero no utiliza su cuota, puede justificarlo y cederla de manera temporal a otra embarcación del mismo tipo durante ese año. La propuesta oficial habilita, en cambio, que esas cuotas pasen a la flota congeladora, que procesa a bordo.

El ministro advirtió que ese cambio reduce la actividad en plantas en tierra. “La industria pesquera se sostiene en una cadena de valor con eje en el procesamiento en tierra, que genera más empleo por tonelada”, señaló.

Rodríguez sostuvo que la medida tendrá efectos sobre el empleo y las economías locales. “Es un nuevo golpe a la industria fresquera, que ya enfrenta mayores costos de combustible. Impacta en el trabajo y en la actividad radicada en la Provincia”, afirmó.

También advirtió que una eventual reasignación de cuotas reduciría el ingreso de materia prima a las plantas procesadoras. “Cada tonelada que deja de procesarse en tierra es empleo que se pierde”, dijo.

Según el ministro, el impacto se extenderá a actividades vinculadas como transporte, logística y servicios portuarios. Mencionó a Mar del Plata entre las ciudades que podrían verse afectadas.

“Se presenta como una optimización, pero implica un cambio que reduce empleo y valor agregado”, sostuvo. Y concluyó: “Es una medida que no considera sus efectos económicos y sociales y perjudica al sistema productivo”.