El senador provincial Guillermo Montenegro (PRO) presentó un proyecto para adecuar el régimen juvenil bonaerense a la flamante Ley Nacional 27.801, que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Según argumentó el intendente en uso de licencia, la intención es llevar a cabo una “reforma integral del régimen de responsabilidad penal juvenil, en línea con los estándares establecidos por la Ley Nacional 27.801”. De esta manera, se busca “actualizar un sistema que hoy resulta insuficiente para abordar una de las principales preocupaciones de los bonaerenses: la seguridad”.

Montenegro señaló que la Ley 27.801, aprobada este año por el Congreso, representa “un avance considerable en materia del régimen penal juvenil”, y marca “la transición de una visión puramente tutelar del menor a una de responsabilidad penal respecto a los delitos cometidos, con amplia participación de la víctima”.

La reforma propuesta no implica la derogación total de la Ley Provincial 13.634, sino una reconfiguración. “La comisión de delitos por parte de menores de edad es un fenómeno que se ha instalado hace tiempo, y que se ha potenciado en los últimos años en todo el país y la provincia”, resaltó Montenegro.

La propuesta avanza sobre la necesidad de superar un esquema “fragmentado y desactualizado”, impulsando un modelo “coherente con los principios de legalidad, proporcionalidad y especialización”.

En la misma línea, incorpora instrumentos concretos para “mejorar la eficacia del sistema”: la especialización obligatoria de jueces y operadores judiciales; la integración de equipos interdisciplinarios que permitan abordar la complejidad social de los casos; y la creación de mecanismos de seguimiento y control de las medidas aplicadas, asegurando su cumplimiento y evaluación en el tiempo.

“La reforma se inscribe en un diagnóstico claro: la falta de actualización normativa y de herramientas adecuadas limita la capacidad del Estado para intervenir de manera efectiva, generando un doble impacto negativo, tanto en términos de seguridad como en la posibilidad de reencauzar las trayectorias de los jóvenes en conflicto con la ley penal”, expuso el legislador.

Y añadió: “Avanzar en un sistema moderno, especializado y alineado con la normativa nacional no constituye una opción, sino una necesidad estructural para la provincia de Buenos Aires”.

Puntos principales

Entre los ejes centrales de la iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de la totalidad del bloque de senadores bonaerenses del PRO, se propone la implementación de un sistema penal juvenil especializado que establece la responsabilidad a partir de los 14 años.

Otro punto relevante es la modificación del artículo 18 de la Ley 13.364, con el propósito de empoderar a jueces, fiscales, defensores y órganos en el control del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

A su vez, el proyecto incorpora un cambio en el modo de verificar la edad del menor. Con la normativa bonaerense actual, se hace con los títulos de estado correspondientes o con un dictamen pericial efectuado por un médico forense.

Ahora, se pretende acreditar la edad con el DNI, partidas de los registros correspondientes o cualquier otro documento que permita determinarla. En caso de que los informes no resultaran concluyentes, “se presumirá la minoría de edad”.

El proyecto también busca un endurecimiento de las medidas cautelares, con prohibiciones para salir del país y mantener contacto con determinadas personas, así como la habilitación para dictar arresto domiciliario o prisión preventiva por riesgo de fuga.

En tanto, se contempla una mayor protección para la víctima, que podrá contar con asistencia psicológica, patrocinio jurídico gratuito y, si es de su interés, participar en mediación con el adolescente imputado.

Además, la reforma del legislador del PRO establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso a aplicar y por el tiempo más breve posible. Y no se podrá imponer una pena perpetua: la condena máxima para adolescentes será de 15 años.