En una charla con LA CAPITAL, el senador nacional Maximiliano Abad se metió de lleno en uno de los debates más sensibles de la agenda política: la reforma electoral. Con una posición que combina apoyo parcial y advertencias, planteó que lo que está en juego no es un cambio técnico sino el equilibrio de poder dentro del sistema democrático. Tras haber expuesto en Mar del Plata en un panel sobre la reforma electoral respondió al siguiente cuestionario.

—El Ejecutivo impulsó una reforma electoral amplia. ¿Cuál es su mirada general sobre el proyecto y qué principios deberían guiar cualquier cambio?
—Lo primero que hay que decir es que no estamos ante un debate técnico menor, sino ante una discusión institucional de fondo. Cualquier reforma electoral debe tener como eje la participación ciudadana, la transparencia y la equidad. En ese marco, hay aspectos del proyecto que pueden ser mejorados, pero también hay riesgos claros si se avanza sin ese criterio. Modernizar no puede ser sinónimo de concentrar decisiones ni de debilitar la competencia democrática.

—Uno de los ejes es la eliminación de las PASO. ¿Cómo debería abordarse ese punto sin afectar la calidad democrática?
—Mi postura es pública: las primarias deben garantizar que la ciudadanía siga siendo protagonista en la selección de candidaturas. Las PASO no son un trámite burocrático: son el mecanismo por el cual cualquier ciudadano puede votar para decidir quién representa a cada partido antes de la elección general. Sin ese paso, esa decisión vuelve a las cúpulas, a los acuerdos de cúpula que históricamente dejaron afuera a la mayoría. Es razonable exceptuarlas cuando hay lista única, porque si no hay competencia real dentro de un partido, no tiene sentido convocar a la ciudadanía a una elección sin alternativas. Pero de ahí a eliminarlas con el argumento del ahorro fiscal hay una distancia conceptual enorme. Reducir la participación para ahorrar dinero es un razonamiento que confunde el precio de una elección con su valor. Bajo ningún concepto podemos volver a un esquema donde las decisiones queden en manos de quienes ya tienen poder. Si se avanza en cambios, tienen que asegurar competencia real y transparencia, no comodidad para los de siempre.

—El proyecto también plantea cambios en el sistema de partidos y en el financiamiento de la política. ¿Qué evaluación hace de esos aspectos?
—Ahí hay dos discusiones importantes. Por un lado, la proliferación de sellos electorales muchas veces no traduce pluralismo, sino la existencia de estructuras creadas para captar recursos públicos. La democracia necesita partidos reales, con militancia, programas y representación social, no “estructuras de papel”. Por eso, consideramos razonable elevar las exigencias para crear y mantener la personería. Ordenar el sistema de partidos fortalece la democracia, no la debilita. Por otro lado, el proyecto propone una reducción drástica del financiamiento público en favor del privado. El sistema actual requiere mayor transparencia, pero es vital mantener un equilibrio entre el financiamiento público y privado de las campañas electorales. La participación política no puede quedar reservada exclusivamente a quienes poseen mayores recursos económicos. Acompaño parcialmente esta dirección, pero analizaremos alternativas para que el poder económico no condicione la equidad en la contienda.

—En materia de campaña electoral, ¿qué opina sobre la propuesta de eliminar los espacios cedidos en medios?
—Coincidimos en que existe una saturación y una distribución ineficiente de esos espacios. Es lógico reducir la cantidad de minutos y permitir la contratación de espacios con recursos declarados. No obstante, eliminar totalmente este régimen es un error, porque garantiza un piso mínimo de visibilidad para todas las fuerzas políticas y equilibra la competencia.

—También se incluyó Ficha Limpia dentro del paquete. ¿Qué posición tiene?
—En Ficha Limpia soy claro y consistente: los cargos públicos deben ser ocupados por personas con idoneidad y conducta intachable. Es una demanda social y un compromiso político que sostenemos hace tiempo. Para que quede claro: impediría presentarse como candidatos a quienes tengan condenas judiciales firmes por delitos graves. No hablamos de presunciones ni de procesos en curso —el principio de inocencia no se negocia—, sino de personas ya condenadas. Que alguien en esa situación pueda acceder a un cargo de representación es una contradicción que la sociedad argentina ya no tolera. La confianza en las instituciones empieza por quiénes las ocupan.

—¿Qué postura tiene sobre el casillero de lista completa?
—Es un tema que merece debate. Hay experiencias positivas en provincias como Córdoba y Mendoza que muestran que puede implementarse sin afectar la claridad del voto.

—Usted planteó una discrepancia con la modificación de la Ley de Simultaneidad. ¿Dónde está el problema?
—Ahí tenemos una diferencia central. El proyecto pretende incluir toda la oferta electoral —nacional, provincial y municipal— en una sola boleta cuando coinciden las elecciones. Eso es un retroceso respecto a lo legislado recientemente con la Boleta Única de Papel, que establecía boletas separadas. Esto cumple dos objetivos: proteger el federalismo, para que la oferta nacional no condicione la provincial, y mantener la sencillez del instrumento de votación. Una boleta con todas las categorías tendría dimensiones desmedidas, generaría problemas logísticos y dificultaría la elección del votante. Para proteger la libertad del ciudadano y evitar confusiones, hay que sostener el esquema de boletas separadas.

—Más allá del debate nacional, usted impulsa una reforma en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué propone?
—Hace tiempo planteamos que es una prioridad institucional. No podemos seguir con un sistema del siglo pasado para resolver los desafíos del futuro. Proponemos avanzar hacia la Boleta Única de Papel, que simplifica el acto de votar, garantiza que toda la oferta esté disponible y mejora la transparencia. Además, estamos promoviendo un proceso amplio de discusión, porque una reforma de esta magnitud requiere acuerdos políticos, no imposiciones.

—¿Cómo se está llevando adelante ese proceso?
—Estamos organizando una serie de jornadas bajo el título “Ideas: para una reforma política en la provincia”. Ya realizamos el primer encuentro en La Plata, continuamos en Mar del Plata y vamos a seguir recorriendo distintas ciudades con especialistas, académicos y dirigentes. La idea es construir una propuesta con sustento técnico y consenso político. Porque la transparencia es la base de la legitimidad: necesitamos un sistema donde cada ciudadano tenga la certeza de que su voto se respeta tal cual fue emitido.

—En síntesis, ¿qué está en juego?
—La calidad de nuestra democracia. Y eso no es una frase retórica: es si los ciudadanos van a seguir confiando en que su voto importa, en que las reglas son iguales para todos y en que quienes los representan llegaron de manera legítima. Modernizar el sistema electoral es fortalecer esas instituciones. Cuando votar es más sencillo y transparente, la legitimidad crece. Y cuando hay legitimidad, la política puede hacer lo que tiene que hacer: gobernar, acordar y transformar.