A modo de copete periodístico o síntesis, podría señalarse que la Provincia anunció el traspaso de Punta Mogotes pero el municipio rechazó las condiciones. Una novela que se sigue escribiendo en La Plata y en Mar del Plata. El gobierno bonaerense prometió devolver el complejo tras una licitación y obras de modernización. Guillermo Montenegro -intendente de licencia- y Agustín Neme -actual jefe comunal- salieron juntos a rechazar el esquema. Desde cercanías del gobernador, el concejal Gustavo Pulti -de activa participación en lo que culminó con la decisión de la provincia- salió a respaldar. En el Concejo Deliberante, Eva Ayala y Ariel Martínez Bordaisco marcaron la cancha desde veredas opuestas. Detrás del debate institucional sobre quién administra Punta Mogotes asoma una disputa política de fondo, con año electoral en el horizonte. Kicillof busca mostrarse como el impulsor de una renovación estructural de uno de los símbolos turísticos marplatenses, capitalizando el gesto de la devolución sin resignar el control del proceso. Pulti recuperó centralidad promoviendo una agenda de consenso y planificación urbana. Y el municipio enfrenta el desafío de no quedar corrido de una discusión clave para el futuro costero de la ciudad, pero sin aparecer como un obstáculo para una transformación que los marplatenses reclaman desde hace años.

El disparador fue el anuncio del lunes. El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, confirmó que existe “una definición política” del gobernador para que el complejo vuelva a la ciudad una vez que concluyan las obras previstas en el futuro esquema licitatorio. La promesa es concreta: entregar un Punta Mogotes renovado, moderno y en pleno funcionamiento. Para eso, la Provincia llamará a una nueva licitación y utilizará como base conceptual los proyectos ganadores del concurso de ideas impulsado junto al Colegio de Arquitectos. El primer premio fue para los arquitectos Guillermo Lesch y Leticia Alfaro. Entre las 13 propuestas presentadas se destacan más espacios verdes, mejor conexión entre la ciudad y el mar, accesos públicos amplios y actividades durante todo el año para romper con la lógica estacional del complejo. El anuncio también incluyó una garantía para empresarios y trabajadores: las actuales concesiones —la mayoría vencen entre junio y septiembre— serán prorrogadas durante la transición para preservar las fuentes de trabajo. Y la Provincia invitó formalmente al Ejecutivo municipal a participar del proceso licitatorio y de la gestión compartida del período de cambio. Pero…

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La reacción del municipio no se hizo esperar. El senador provincial e intendente en uso de licencia, Guillermo Montenegro y el jefe comunal actual, Agustín Neme, publicaron textos casi calcados en sus redes sociales, -lo que generó una pregunta irónica de la concejal Eva Ayala: ¿Montenegro le escribe los tuits a Neme o Neme le copia los tuits a Montenegro?- y más allá de la anécdota, la coordinación fue total: ambos rechazaron que Punta Mogotes sea “solo un balneario” y le enviaron al gobernador el mismo mensaje en el fondo: si realmente quiere devolverlo, que lo haga “sin trampas y sin condiciones”. Mar del Plata, dijeron, no pide favores. Exige que se cumpla con lo que le corresponde.

El argumento central del municipio apunta a la contradicción que, según ellos, encierra el anuncio provincial: la Provincia dice que quiere devolver Punta Mogotes a los marplatenses, pero antes “pretende condicionar su futuro” con decisiones tomadas desde La Plata para los próximos veinte años. En otros términos: te devuelvo la casa, pero primero yo elijo los muebles, el arquitecto y el plan de obras. La posición es categórica: devolución sin licitación previa, sin concurso de ideas impuesto desde afuera, con la propia ciudad decidiendo qué proyecto de futuro quiere para esa franja costera. “No le pedimos que entienda la identidad de Mar del Plata. No le pedimos más concursos de ideas. No queremos sus artimañas ni las trampas de Axel Kicillof para intentar dejar atado desde La Plata el manejo de un espacio que les pertenece a los marplatenses”, sostuvo Montenegro, y sumó: “Tampoco queremos oportunistas que se quieran colgar del tema después de mirar para otro lado durante años”. “Los marplatenses ya pagamos la deuda. No hay más excusas. Lo que hoy hace la Provincia es retener un espacio estratégico de la ciudad para sostener poder político y cajas millonarias”, afirmó finalmente Montenegro.

El primer dirigente opositor en tomar posición fue el exintendente Gustavo Pulti, quien fue convocado por la plana mayor del gobierno bonaerense a la hora del anuncio del lunes. El concejal de Acción Marplatense salió a respaldar la propuesta provincial y a instalar una idea central: el traspaso es resultado del diálogo. Valoró la convocatoria al municipio para participar del proceso y pidió evitar la confrontación y el litigio. Además, consideró que ahora debe existir “un reflejo constructivo” por parte del gobierno municipal, que fue convocado por la Provincia a participar de todo el proceso de licitación y traspaso. El concejal también resaltó el potencial del concurso de ideas desarrollado entre la Provincia y el Colegio de Arquitectos de Mar del Plata, y dijo que permitirá establecer “las bases programáticas y urbanísticas” de los futuros pliegos licitatorios, para que la “transformación” del complejo “responda a estándares contemporáneos de diseño, accesibilidad y sustentabilidad ambiental. Además, Pulti remarcó que el gobierno municipal “es invitado a trabajar en conjunto” para “gestionar la coyuntura, prorrogando por un año las concesiones actuales y encarar de manera transparente las nuevas licitaciones, a la vez de asegurar un traspaso ordenado”.

La concejala Eva Ayala, también de Acción Marplatense, fue la más dura con el municipio. Cuestionó la “rusticidad pendenciera” de la respuesta coordinada de Montenegro y Neme, y señaló que la convocatoria provincial fue clara, transparente y pública. “No poder discutir eso expone más una incapacidad política que una supuesta ambigüedad de la Provincia”, escribió. Ayala también desplegó un repaso de la gestión municipal que funcionó como un inventario de tropiezos: “La emergencia en la recolección de residuos por no poder licitar a tiempo el principal contrato del municipio, la licitación del transporte que va de zozobra en zozobra afectando a cientos de miles de usuarios, las fotomultas contratadas en forma directa con poca transparencia o el estadio entregado a una empresa cuyos responsables no dan la cara y que embolsan recaudaciones que antes iban a las arcas municipales”, y cerró con un dardo fino: siendo Montenegro un hombre de la familia judicial, “no deberían escapársele las diferencias entre asegurarles honorarios a los abogados litigantes o garantizarles un horizonte de certezas a los vecinos”.

A la vez, el concejal radical Ariel Martínez Bordaisco eligió en cambio el tono del triunfo. “Los marplatenses siempre tuvimos razón. Punta Mogotes nos pertenece. La justicia falló a nuestro favor y el capricho de Kicillof llegó a su fin.” Para Bordaisco no se trata de un regalo sino de una restitución, y le envió al gobernador una advertencia directa: que no tomen decisiones, porque ahora la decisión es de los marplatenses. La diferencia entre Ayala y Bordaisco no es menor: expresa a tensión que existe entre quienes priorizan el acuerdo con la Provincia y quienes prefieren acompañar la narrativa municipalista del conflicto. Mar del Plata sabe bien que alrededor de Punta Mogotes nunca hubo solamente arena, balnearios y turismo. También hay poder, negocios, urbanismo y política. Y en 2026, con las urnas cada vez más cerca, también hay campaña.

La discusión ya dejó de ser solamente administrativa o jurídica. Nadie debate únicamente quién firma los pliegos, quién cobra los cánones o quién administra los estacionamientos de Punta Mogotes. Lo que empezó a ponerse en juego es quién se queda con el relato político de la transformación más importante de la costa marplatense en décadas. Kicillof intenta mostrar gestión, planificación y modernización en una ciudad históricamente esquiva al peronismo. Montenegro y Neme necesitan evitar que la Provincia capitalice una obra en Mar del Plata con fuerte impacto simbólico y electoral. Pulti encontró una oportunidad para volver a ocupar el centro de la escena desde un lugar que combina urbanismo, consenso y proyección de ciudad. Y en el medio aparece una pregunta todavía sin respuesta: ¿quién terminará pagando el costo político si el proyecto se empantana entre litigios, reproches y desconfianzas mutuas? Porque todos dicen querer recuperar Punta Mogotes para los marplatenses. El problema es que nadie parece dispuesto a ceder el control del proceso. Y ahí es donde la novela recién empieza. Mar del Plata ya vio demasiadas veces cómo los grandes debates estratégicos terminan naufragando entre mezquindades políticas, judicialización y disputas de poder. Punta Mogotes puede convertirse en el símbolo de una renovación histórica de la costa o en otro monumento local a la eterna dificultad argentina para acordar políticas de largo plazo. Por ahora, la arena sigue ahí. Pero debajo empiezan a moverse otras cosas.