El intendente Carlos Arroyo y su secretario de Economía, Hernán Mourelle, volvieron a escuchar objeciones contra el proyecto de gravar las exportaciones del Partido General Pueyrredon mediante la aplicación de la tasa de Seguridad e Higiene.

Esta vez las críticas fueron formuladas de manera personal por el Concejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), cuyas autoridades mantuvieron un encuentro de dos horas con el jefe comunal y el funcionario.

Tal como ya lo habían hecho otras entidades del sector pesquero y otras actividades productivas, Cepa explicitó su rechazo a la propuesta y advirtió que en el caso de que sea aprobada por el Concejo Deliberante, la norma será impugnada ante la Justicia, la cual ya emitió fallos a favor de las empresas ante decisiones similares impulsadas en otros municipios.

“La actividad no puede resistir la aplicación de una tasa de este tipo, que por su naturaleza, funcionará como un impuesto”, le dijo a LA CAPITAL el gerente de la entidad, Darío Sócrate, quien asistió a la reunión junto a su presidente, Sergio Procelli y su secretario, Guillermo Ferreira.

Según Sócrate, la aplicación de esta medida representará un nuevo costo millonario para la actividad y tendrá “un impacto directo en el nivel de empleo y ocupación”.

En ese contexto “también planteamos que el proyecto va en contra de las medidas de promoción que están brindando la Provincia y la Nación” y que partieron “del reconocimiento, del propio presidente Mauricio Macri y de la gobernadora, María Eugenia Vidal, de que la pesca marplatense necesita ayuda”.

Socrate dijo que a pesar de lo prolongado de la reunión, no se llegó a ningún punto de acuerdo. “Por eso ratificamos nuestra decisión de acudir a la Justicia, seguir informando sobre esta situación a las autoridades nacionales y provinciales y apelar a todas las herramientas a nuestro alcance para evitar una medida que consideramos totalmente inadecuada”, afirmó.