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Provincia 23 de mayo de 2018

Vidal convocó a los judiciales para el lunes

El Juzgado de Trabajo N° 3 de La Plata había emitido el martes un fallo en el que obliga a la Provincia a mantener -en los siguientes 5 días hábiles- una negociación salarial con los judiciales.

 Obligada por un fallo de la Justicia, la gobernadora María Eugenia Vidal convocó finalmente a los judiciales bonaerenses a una reunión paritaria que se realizará el próximo lunes en el Ministerio de Trabajo provincial.

El llamado oficial llegó luego de que el Juzgado de Trabajo N° 3 de La Plata emitiera el último martes un fallo en el que obliga a la Provincia a mantener -en los siguientes 5 días hábiles- una negociación salarial con los judiciales.

La convocatoria también surgió mientras se desarrollaba el paro con movilización promovido por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) en reclamo –precisamente- de mejoras salariales.

El encuentro dispuesto por Vidal –el primero para el sector- se llevará a cabo desde las 11 en oficinas de la cartera laboral en La Plata.

Vale recordar que los representantes de la AJB, encabezados por Pablo Abramovich, mantuvieron hace dos semanas una reunión informal con funcionarios del gobierno bonaerense, pero no hubo ningún ofrecimiento salarial.

Entre otras cuestiones, la AJB pide una suba de 25% en una sola cuota, retroactiva al 1º de enero, y con cláusula gatillo por inflación.

También exige la devolución de los descuentos por días de paro, la finalización del proceso de transformación de los auxiliares terceros acordado con la Suprema Corte de Justicia y la restitución del 3% de antigüedad.

 “Derecho de negociar libremente”

 En la resolución emitida el martes, el Juzgado de Trabajo indicó que “el derecho de negociar libremente con los empleadores las condiciones de trabajo constituye un elemento esencial de la libertad sindical”.

Asimismo, remarcó que “los sindicatos deberían tener el derecho, mediante negociaciones colectivas o por otros medios lícitos, de tratar de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de aquellos a quienes representan, mientras que las autoridades públicas deben abstenerse de intervenir de forma que este derecho sea coartado o su legítimo ejercicio impedido”.