La Cámara de Senadores aprobó esta noche el proyecto de ley que declara la emergencia ocupacional, tanto en el sector privado como en el estatal, para frenar por seis meses los despidos y las suspensiones.

El proyecto obtuvo 48 votos a favor y 16 en contra, ya que fue apoyado por todas las bancadas de la oposición tras un debate que duró casi seis horas.
Ahora, la iniciativa tendrá que ser aprobada sin modificaciones para que sea convertida en Ley. De lo contrario, debería regresar a la Cámara alta.
El proyecto, que fue impulsado por el Frente para la Victoria con el apoyo del peronismo disidente y de la centroizquierda, prohíbe los despidos y las suspensiones por 180 días.
La iniciativa también le ofrece al empleado, al ser despedido, la posibilidad de ser reincorporado inmediatamente o de elegir que se le pague la doble indemnización.
Asimismo, quedan exceptuadas de lo que exige la ley, las empresas que tomen personal tras la sanción definitiva del proyecto.
La iniciativa fue defendida por el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, quien anticipó que no se iban a aceptar cambios en el proyecto para eliminar a las micro, pequeñas y medianas empresas de la legislación que se aprobó esta noche.
“El Senado no se va a alejar de los trabajadores”, aseguró Pichetto, para luego resaltar que “se esperaban algunos reflejos políticos en el gobierno”.
En ese sentido, el rionegrino agregó que “el gobierno hoy tiene el problema de creer que si hay diálogo se debilita” y reflexionó que “si se hubiera hecho un acuerdo con el sector empresarial y con los sindicatos, tal vez el Senado no hubiera tratado esta ley”.
Previamente, el titular de la Comisión de Trabajo, el mercantil Daniel Lovera, afirmó que “este no es un proyecto contra el gobierno” y que se busca “preservar los empleos durante un tiempo limitado, esperando que cambien las condiciones socioeconómicas del país”.
“Garanticemos la paz social y después no tenemos problemas en votar las leyes necesarias para fortalecer a todos los empresarios”, alentó.
En cambio, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, cuestionó la propuesta al decir que “no sirve para recibir inversiones cambiar todo el tiempo las reglas” y opinó que “lo que hay que hacer es crear condiciones de empleabilidad”.
“Es fácil levantar la mano y parecer simpático. Pero nuestra tarea de gobierno es crear puestos de trabajo, no ‘ser simpáticos’. Y crear puestos de trabajo es muy difícil. Hace cuatro años que no crece el empleo en el sector privado”, comentó Pinedo.
El radical Luis Naidenoff, en tanto, denunció que “este es un proyecto que tiene mucho de apresuramiento político” ya que “ni siquiera se lo invitó a hablar al ministro de Trabajo” Jorge Triaca.
“No pretendan que un gobierno en cuatro meses solucione un desaguisado de ocho años de gestión del gobierno anterior”, evaluó.
El peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá cuestionó al gobierno nacional por su inhabilidad para frenar los despidos argumentando que “para ciertas políticas existe toda la voluntad política, como para pagar la deuda externa y el dólar a futuro”.
“Creo en el presidente cuando propone ‘Pobreza Cero’. Hasta acá, lo siento, pero las políticas que se implementaron aumentaron la pobreza”, denunció.
Sin embargo, una parte del Frente para la Victoria y del peronismo disidente votaron a favor del proyecto en general, pero reclamaron cambios, que no fueron aceptados, en la votación en particular para eliminar a las micro, pequeñas y medianas empresas de la legislación aprobada hoy.
Entre los que pidieron cambios figuraron el salteño Rodolfo Urtubey y el chaqueño Eduardo Aguilar, ambos del FPV, y los peronistas disidentes Juan Carlos Romero, Roberto Basualdo y Alfredo Luengo, así como la legisladora del Movimiento Popular Fueguino, Miriam Boyadjian, los últimos dos como representantes del Frente UNA.
“Si la Argentina terminara en Córdoba, diría que la ley está muy buena. Pero hay otra Argentina, donde hay un enorme tejido social de pequeños productores y comerciantes donde no se da la típica relación patrón-obrero”, justificó Urtubey.
“Si las pymes tienen que pagar doble indemnización, directamente, cierran. A las grandes, en cambio, no les pasa nada”, indicó Basualdo.
Por su parte, el salteño Romero pidió los mismos cambios y adelantó que, si no se aceptaba eliminar a las pymes de la redacción, iba a votar en contra.
En cambio, el massismo, representado en el chubutense Luenzo y la fueguina Boyadjian, también pidió que se excluya a las pymes, pero anunciaron que iban a votar a favor de la ley antidespidos en general.