El gobierno bonaerense promulgó hoy la ley que agiliza el procedimiento de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, conocido como Jury, con el objetivo de “adaptarlo a las demandas sociales”.

Mediante el decreto 505 publicado hoy en el Boletín Oficial y que lleva las firmas de la gobernadora María Eugenia Vidal y del jefe de Gabinete, Federico Salvai, se promulgó la ley 15.031 sancionada por la Legislatura provincial el mes pasado.

La norma establece que los legisladores que integran el Jurado de Enjuiciamiento, en caso de ser reelegidos para un nuevo período legislativo, continuarán integrando ese cuerpo, y no será necesario que vuelvan a sortearse, tal como sucede hoy.

También determina que el presidente del Jurado (el titular de la Suprema Corte) rija el órgano en todas aquellas denuncias o requerimientos que se hayan presentado durante su desempeño en la presidencia y hasta el final del proceso, más allá de que deje de presidir la Corte por el sistema de rotación que existe en ese órgano jurisdiccional.

También otorga mayores atribuciones al titular del Jurado para resolver cuestiones que se presentan durante el proceso de juzgamiento de jueces y fiscales, y acorta los plazos para la recusación de sus miembros.

La norma establece, además, que el apartamiento preventivo del funcionario denunciado podrá regir ahora “desde el momento en el que el Jurado admite la acusación”, teniendo en consideración “la necesidad de contar con funcionarios públicos intachables en el mientras tanto (es decir, en dicha etapa del proceso), que sean dignos de ejercer la magistratura y administrar Justicia”, según los fundamentos.

El 10 de mayo pasado, cuando se sancionó la iniciativa, el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan había explicado que la ley “es parte de un paquete de proyectos que envió la gobernadora para mejorar el funcionamiento de la Justicia que hoy es una de las instituciones más desprestigiadas”.

También, había precisado que las reformas a la ley de Jury buscaban incorporar “celeridad en el proceso y mejoras en las garantías”, y que, con ellas, los plazos se achicaban, “en general, un 50 por ciento”.