Con las playas de secuestro colapsadas, el gobierno municipal busca un sistema más expeditivo para deshacerse de los autos que nadie reclama. Considera que la ordenanza vigente, sancionada durante la gestión anterior, genera un proceso lento y engorroso. Como alternativa propuso adherir al Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Pronacom) del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación.

El proyecto de ordenanza fue enviado en las últimas horas al Concejo Deliberante. Si se aprueba, los vehículos secuestrados por estar afectados a causas judiciales por robo, homicidio, falsificación de documento automotor o la ley de drogas, entre otras, podría quedar en condiciones de ser compactado luego de seis meses.

Aunque el proyecto oficial solo se menciona la compactación, la adhesión al Pronacom también otorga otra alternativa: que los vehículos formen parte del subprograma Transformemos, que prevé la entrega de los vehículos o autopartes a escuelas técnicas o entidades con fines científicos o culturales. Fue el caso de lo que ocurrió el 18 de mayo, cuando el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, entregó tres motos a la Escuela Técnica N° 3.

El municipio subrayó que la Subsecretaría de Transporte y Tránsito “ha buscado múltiples alternativas para solucionar la problemática de excesos de automóviles y motovehículos depositados en predios municipales, con su consecuente contaminación ambiental”.

Puntualizó que gestionó ante el Ministerio de Seguridad de la Nación el acceso al Pronacom y destacó los “buenos resultados” que “ha producido en otros municipios”.

Según explicó entre los argumentos del proyecto la administración comunal, “la acción de compactar los vehículos secuestrados por la municipalidad y depositados en las playas de secuestro municipales tiene como beneficio producir descontaminación ambiental y evitar la peligrosidad que implica la emanación de efluentes despedidos ante el abandono vehicular”.

También descomprimiría las playas de secuestro, donde hay 600 autos y 3.000 motos que tienen “más de seis meses secuestrados” y presentan “un desgaste en sus componentes que los tornan no viables para su circulación”, advirtió la comuna.

El gobierno asegura que este “colapso” de los predios municipales resiente el secuestro de otros vehículos en los operativos que se realizan diariamente.

El Pronacom establece que, en los casos de compactación, un porcentaje de los fondos obtenidos de la venta de la chatarra es entregado a una entidad de bien público. Por su parte, en los que son cedidos a una institución con fines científicos, didácticos o culturales “se establecerá una serie de requisitos y visitas para verificar los puntos básicos de los proyectos a los que se ajuste la entrega”.

Otro predio es el de Tres Arroyos y Garay.

En el mismo proyecto, el Ejecutivo propone derogar la ordenanza 18704, sancionada en 2008, que a su entender “ha sido limitante al regular el proceso compactatorio por su carácter restrictivo”, a la vez que genera “un trámite de licitación pública lento y complicado, sobre todo en lo que respecta a la notificación personal que debe efectuarse a cada uno de los propietarios de los vehículos”.

La administración considera que ese proceso es “engorroso y de difícil culminación”. En cambio, sostiene que el del Pronacom es “ágil, transparente y eficaz” y no tiene “costo alguno para el municipio”.