LA PLATA (Corresponsalía). – A más de 6 años de la presentación del primer proyecto de Ley de autarquía económico-financiera, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia volvió a reclamar ayer a la Legislatura bonaerense que impulse y sancione, de una vez por todas, la iniciativa que otorgaría, además, la autonomía presupuestaria a ese Poder.

En la Resolución 1263/20 –dada a conocer ayer por la mañana- el máximo tribunal provincial solicitó asimismo que se avance en la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de sus agentes.

Vale recordar que en octubre de 2014 el gobierno bonaerense a cargo entonces de Daniel Scioli ingresó un proyecto de Ley de autarquía financiera que apuntaba –fundamentalmente- a que los ministros de la Suprema Corte puedan administrar y gestionar su propio presupuesto sin injerencia del Ejecutivo.

En julio de 2015 se remitió un texto actualizado de la propuesta para posibilitar su aplicación a partir del año 2017, pero finalmente perdió estado parlamentario por falta de tratamiento.

Ahora, el tribunal que actualmente preside Daniel Fernando Soria, sostuvo que “teniendo en consideración la trascendencia institucional de la iniciativa y atento el tiempo transcurrido del proyecto presentado en su oportunidad, resulta conveniente remitir al Poder Legislativo una nueva iniciativa, regulando la autonomía presupuestaria y autarquía económica-financiera del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires”.

Regular la negociación colectiva

En la citada Resolución, la Corte aseguró además que “el presente régimen contempla también –y se integra con- la regulación de la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los agentes del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires”.

Desde el máximo tribunal recordaron en ese sentido que en abril de 2015 se presentó un texto ante la Legislatura -que había sido consensuado con funcionarios de ese Poder y con representantes de la Asociación Judicial Bonaerense- pero que  tampoco se registraron avances al respecto.

Por este tema, la Corte publicó también ayer la Resolución 1327/20 que autoriza a abrir “una instancia de diálogo y consenso” con autoridades del Ejecutivo, en forma previa a la presentación del referido proyecto.