Frente a los “transcendidos” acerca de un posible aumento de los servicios de Internet, telefonía celular y televisión por cable y ante la actitud discrecional por parte de las grandes empresas proveedoras de estos servicios, el Colectivo Internet Esencial manifestó su enérgico repudio y solicitó que se mantenga el congelamiento de las tarifas hasta el 31 de marzo e incluso que se disponga una tarifa social.

La organización compuesta por más de 90 organizaciones sociales, sindicatos, cooperativas y usuarios y usuarias en general, se manifestaron en contra de las “actitudes discrecionales e ilegales” de aquellas empresas que “están comunicando a sus usuarios y usuarias aumentos de precios cuando los mismos no han sido autorizados oficialmente“.

Desde dicho espacio, que en Mar del Plata integra el dirigente Sergio Salinas Porto, advirtieron la necesidad de que el Decreto 690/20 sea debidamente reglamentado de manera tal que “las empresas deban informar a la autoridad regulatoria los costos de sus servicios, las diferentes prestaciones que brindan, la calidad con que ellas se prestan”.

También plantearon que quede estipulada la metodología con la que se van a encarar, de corresponder, los futuros aumentos, como así también “la obligatoriedad del llamado a audiencia pública” para que los usuarios y usuarias puedan expresar sus posturas y demandas.

Por otro lado, tal como ocurre con los servicios esenciales, el Colectivo Internet Esencial propuso que se estipule una tarifa social que permita la incorporación y la permanencia en el uso de los servicios del conjunto social sin ningún tipo de exclusión o discriminación social, regional o técnica; con niveles de calidad adecuados.

Dicha tarifa social, sugirieron, podría financiarse con el aporte solidario del Estado, de los usuarios y de las empresas de telecomunicaciones.

En otro orden, desde la misma organización solicitaron que se amplíen los mecanismos de participación actual a través del establecimiento de las audiencias públicas obligatorias, especialmente para los casos de aumentos tarifarios, y con la incorporación de la figura del Defensor del Usuario con una actuación independiente dentro del Ente Regulador.

Por último, destacaron la posibilidad de que el congelamiento tarifario dispuesto por el Ejecutivo nacional en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio se mantenga por lo menos hasta el 31 de marzo del 2021 y hasta que estén resueltos los planteos anteriores.