El fallo de la Corte Suprema dispuso que las facturas se retrotraigan al 31 de marzo para residenciales y obliga al Gobierno a realizar audiencias públicas para fijar el aumento de la tarifa.

Por unanimidad, el máximo tribunal retrotrajo el cuadro tarifario a los valores vigentes al 31 de marzo, antes que el Gobierno dispusiera el aumento. Además dictaminó que se mantuviera la tarifa social.