Para dimensionar mejor el repicado escándalo de las vacunas ventilado a partir de las declaraciones radiales de Horacio Verbitsky, que determinó el pedido de renuncia al ministro Ginés González García, conviene evocar un hecho parecido ocurrido dos décadas atrás.

El caso de los geriátricos
A principios de abril del año 2000, un mes antes de las elecciones que el 7 de mayo dirimirían la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el primer jefe electo, Fernando de la Rúa, era desde hacía poco más de 100 días, presidente de la República), el gobierno de la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación (sociedad entre el radicalismo y el hoy extinguido Frepaso de Carlos Chacho Álvarez) se vio sacudido por su primera crisis.

La revista XXII, conducida por Jorge Lanata, había denunciado que Ángel Tonietto, uno de los tres interventores del PAMI (los otros dos eran Cecilia Felgueras, en ese momento candidata oficialista a vicejefa de gobierno, y Horacio Rodríguez Larreta, el actual jefe de gobierno porteño) había suscripto una resolución que beneficiaba a una docena de hogares para ancianos subsidiados por el organismo al permitirles incrementar sus tarifas un 25 por ciento.

De ese grupito de geriátricos, dos eran propiedad de la esposa de Tonietto, Juana Castagnola. Y este era un dato importante, porque se trataba de la hermana de Graciela (Castañola, viuda de) Fernández Meijide y el hecho había ocurrido en un área de gobierno dependiente de ella, que era ministra de Bienestar Social.

Fernández Meijide era la segunda jefa política del Frepaso y al afectarla a ella, el affaire provocaba un problema en la alianza de gobierno. El asunto era políticamente dañino para una coalición que había llegado al gobierno enarbolando como rasgo de identidad consignas anticorrupción.

El presidente De la Rúa, desmintiendo la fama que luego lo envolvería, obró con velocidad: llamó al silencio a Fernández Meijide, reclamó el inmediato alejamiento de Tonietto de su puesto en la intervención del PAMI (renunció desde Canadá, donde se encontraba), mientras Felgueras (interventora y candidata) aseguraba desconocer que Castañola fuera propietaria de geriátricos y Rodríguez Larreta denunciaba judicialmente la conducta de Tonietto.

Se trató de una rápida maniobra de cirugía y cauterización que, aunque no consiguió evitarle a ese oficialismo inconvenientes para el uso político del moralismo (con el tiempo ese costo se pagaría con las denuncias sobre “la banelco en el Senado), al menos le ahorró a corto plazo malas consecuencias electorales: la Alianza triunfó tranquilamente en los comicios porteños y el frepasista Aníbal Ibarra se convirtió en jefe de gobierno y Cecilia Felgueras se mudó del PAMI a la vicejefatura.

La ministra Fernández Meijide capeó el temporal navegando con velas bajas durante un tiempo y finalmente su papel político ganó relevancia tras la borrascosa renuncia de Chacho Alvarez a la vicepresidencia, ocurrida pocos meses más tarde: ella quedó como la frepasista más prominente de los que acompañaban el derrotero de De la Rúa. Y, más tarde, como una figura de consulta del progresismo de centro. Hoy preside el prestigioso Club Político Argentino.

Los geriátricos de Fernández

Para el gobierno de Alberto Fernández que se le provoque una fisura importante en el tema de la lucha contra la pandemia tiene una dimensión comparable a la que representaban para la Alianza los traspiés en asuntos de corrupción.

El Presidente tuvo sus momentos de mayor acompañamiento de la opinión pública cuando asumió la conducción de la pelea sanitaria, trabajó con todos los responsables, con indiferencia de su alineamiento político, y en primera instancia consiguió -con esa estrategia y ese acompañamiento- que el país se preparara para afrontar desafíos mayores.

Ese papel requiere mantener las performances y las alianzas y cometer pocos errores, pues los desafíos son ya suficientemente rigurosos. Es natural que los competidores golpeen cuando encuentran un punto vulnerable. Eso forma parte de la lógica política, como dar o no dar quorum en el Congreso o hacer sentir el peso de una mayoría si se la tiene.

El punto vulnerable que hoy presenta el gobierno es precisamente el que la oposición busca ensanchar : en un año electoral, es comprensible que esta quiera desproveer al oficialismo del as de espadas político que representaría llegar a las urnas con inmunidad garantizada, cifras de contagio y de fallecimientos significativamente reducidas y una estructura sanitaria perfeccionada.

El gobierno sobrelleva la dificultad de conseguir las dosis de vacunas que promete con demasiado insistencia (quizás por una pulsión declarativa tanto de Fernández como de muchos de sus colaboradores) y a eso se suma que, entre tantas palabras, faltan las que pongan en marcha (y exhiban) una más eficaz vacunación con las dosis que efectivamente van llegando. Mejor que prometer es realizar.

Lo que mata es el contexto

En ese contexto de carencias, el escándalo desatado tras la declaración de Verbitsky encontró inevitablemente un ámbito propicio para la expansión, abonado previamente por casos, no por aislados menos irritantes, de privilegios patrimonialistas de autoridades que han hecho aplicar la vacuna a sus propias familias.

En otras condiciones, que recibiera la vacuna sin pedir turno previo un puñado de personas que forman parte de los grupos de riesgo (Verbitsky, por ejemplo, tiene 79 años) sería peccata minuta. En las actuales, en cambio, el gobierno puede pagar un precio mayor: sus adversarios huelen escándalo en un asunto que mueve opinión pública y en el que los medios pueden escarbar largamente.

Con un movimiento clásico, como en aquella oportunidad hiciera De la Rúa, el Presidente quiso cerrar la herida pidiendo una renuncia. Esta vez tuvo que ser la de un ministro: la declaración de Verbitsky empujó al patíbulo a González García y querer cortar más abajo hubiera sido ingenuo, inconducente y probablemente injusto.

Seguramente no alcanzará con eso. ¿Más sancionados? Puede ser, pero la única medicina real para este daño se llama vacunas y vacunación: la reemplazante de González García y un equipo de apoyo presidencial deben trabajar a full para conseguir que las dosis lleguen rápido, para que se apliquen de inmediato, para que alcancen como está previsto a las grupos de riesgo. Y para que la población se entere de ese esfuerzo.

Irritación antes del escándalo

Antes de que se desatara el tema que se llevó a Ginés González García del gabinete, los sectores más intensos del kirchnerismo venían exteriorizando creciente irritación con la Casa Rosada.

Lo hicieron, por un lado, con la excusa de la respetuosa y cálida actitud que Alberto Fernández adoptó ante la muerte de Carlos Menem – probablemente el político al que ellos más han aborrecido-, pero sobre todo en virtud de que no sienten que el Poder Ejecutivo acompañe con energía y eficacia la batalla que ellos libran para disciplinar a la Justicia.

La Corte Suprema de la Nación, en decisión unánime, dejó firme una condena a dos años de prisión dictada por la Corte de Jujuy contra Milagro Sala, considerada una víctima emblemática de lo que definen como lawfare o justicia amañada; inmediatamente después la Cámara de Casación dictaminó que la causa abierta por espionaje sobre Cristina Kirchner y otros (periodistas, políticos y personas no públicas), en la que se ha involucrado a la inteligencia oficial bajo la presidencia de Mauricio Macri, deje de estar a cargo de la Justicia Federal con sede en Lomas de Zamora y pase a depender de la sede porteña, Comodoro Py (con la responsabilidad fiscal de Carlos Sornelli).

Estos reveses judiciales son observados como una señal ominosa de lo que puede ocurrir con los procesos que recaen sobre la señora de Kirchner así como sobre la suerte de varios de sus ex funcionarios que esperan sus juicios o ya han sufrido condena.

El Ejecutivo ha tenido que absorber y dar respuesta a los apremios del kirchnerismo (incluidos los apenas más discretos de la vicepresidenta). Así, Fernández pronunció palabras severas: “Es muy difícil hacer una mejor democracia y una república más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos. Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder”.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, había sido si se quiere más específica: “”Ya es hora de poner ética y rectitud allí donde evidentemente esos valores han sido dejados de lado. Es hora de abordar las transformaciones necesarias para garantizar una buena administración de justicia -dijo-. Hubo jueces que acordaban y prenunciaban sus fallos con el presidente de entonces” (en referencia a Mauricio Macri) “”que jugaban al tenis con él mientras perseguían a sus opositores con argucias legales y que siempre se han negado a hacer público su patrimonio”.

Signos de cambio

Ayer por la mañana, el presidente de la Casación, el magistrado Gustavo Hornos, tuvo que dar explicaciones a sus colegas de Comodoro Py. La alusión de la ministra parecía apuntar sobre él y una denuncia penal lo señalaba como visitante frecuente de la Casa de Gobierno en tiempos de Macri (con quien efectivamente solía jugar al tenis). La denuncia penal subraya que las fechas de sus visitas se compaginan con momentos de iniciativas impulsadas por lo que han definido como la “Mesa Judicial” del gobierno de Macri. Los camaristas evalúan si mantener a Hornos en la presidencia ensancha la vulnerabilidad del cuerpo ante la ofensiva que pilotean los sectores K o si, por el contrario, apartarlo del cargo se interpretará como una señal de debilidad.

El Consejo de la Magistratura, entretanto, acaba de cambiar sus autoridades. Su nuevo presidente (a quien algunos medios sin aprecio por el matiz definen como “kirchnerista”) es Diego Alejandro Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora y representante del sector académico. Molea es peronista, más próximo a las posiciones del Presidente que a las de quienes lo cuestionan por la izquierda. Y se convirtió en titular del Consejo votado por unanimidad (oficialistas, independientes y opositores), como producto de un acuerdo político.
Lawfare, capítulo brasilero
Es probable que algún hecho externo contribuya a impulsar entre nosotros un cambio inteligente en la Justicia (que se adelante a contener los bullicios perturbadores o interesados). En Brasil se está desarrollando un proceso que podría avalar las las teorías del lawfare que esgrimen algunas voces en nuestro país. Desde hace meses se conocen públicamente algunos mensajes intercambiados por el entonces juez Sergio Moro y un grupo de fiscales de Curitiba, que intervinieron en el juicio a Luis Inacio Lula Da Silva y lo sacaron con una condena de la competencia electoral en la que finalmente triunfó Jair Bolsonaro.

Esos mensajes, captados por hackers y publicados en el sitio The Intercept Brasil, mostraban una colusión evidente entre el magistrado y los procuradores y la no menos notoria motivación política de todos ellos de marginar a Lula y a su partido. En esos intercambios llamaban a Lula “El 9”, que no era una referencia futbolística, sino una alusión a la cantidad de dedos de las manos del jefe del PT, que perdió un dedo como obrero metalúrgico.

El exjuez Moro (que más tarde sería designado ministro de Justicia por Bolsonaro) aseguró no reconocer la autenticidad de esos mensajes, pero la Policía Federal apresó a los hackers que los interceptaron y tuvo acceso a los archivos de la aplicación Telegram que los había albergado (Operación Spoofing). El juez del Tribunal Supremo Ricardo Lewandowski les otorgó validez.

Ahora, con esos elementos de juicio, el Tribunal Supremo debe pronunciarse en un juicio sobre el comportamiento del ex juez Moro y también, por solicitud de la defensa de Lula, sobre la validez de esas investigaciones y de aquel juicio y sus consecuencias políticas y judiciales.
Cambio inteligente o bullicio autoritario

Más allá de los efectos que ese proceso tenga en Brasil, sus esquirlas sin duda alcanzarán a la Argentina, donde las tensiones entre Justicia, política y sociedad están a la orden del día.

Es improbable que la ofensiva K contra la Justicia tenga el éxito que a veces parecen pronosticarle (así sea para beneficiarse del espanto) sus adversarios más intensos. Hasta ahora, y contando desde el tiempo en que la señora de Kirchner no era vice sino presidenta) todos los intentos se frustraron.

Lo que sí parece razonable es que haya algunos cambios en ese poder, que efectivamente, como lo mostraron las encuestas que exhibió la ministra, cuenta con una baja calificación de la opinión pública. La propia oposición política es conciente de esa necesidad de reforma y quizás pueda aportar criteriosamente -como sectores amplios de la propia corporación judicial- para transformar con actitud constructiva un poder que debe mostrar equilibrio, imparcialidad, transparencia y eficiencia.

Los traspiés del gobierno en el trascendental tema de la vacunación, al debilitarlo, alimentan la tentación de los polarizadores que favorecen al status quo o al desorden.