Proponen un tope máximo para el retiro de vehículos secuestrados
Es para que los propietarios puedan retirarlos y se descongestionen los playones del municipio. Aseguran que muchos no lo pueden hacer porque adeudan altas sumas en concepto de acarreo y estadía.
Foto archivo.
La concejala Virginia Sívori (Frente de Todos) presentó un proyecto para que el municipio fije un tope económico para el retiro de motos y autos de los playones de secuestro.
El objetivo, indicó la edil, es que se establezca “un método de actualización claro que permita descongestionar” los predios, “mejorar la cobrabilidad de las multas y facilitar la recuperación de los vehículos por parte de sus titulares”.
Sívori explicó que “hay una gran cantidad de autos y motos que no pueden ser retirados del predio municipal por sus propietarios, ya que acumulan onerosas sumas de dinero en concepto de acarreo y estadía debido a que que no tienen un tope máximo, y son abandonados”.
Mencionó que a la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, que preside, “llegan permanentemente expedientes de características similares, en las que titulares de vehículos manifiestan que no pueden retirarlos”.
“Por eso resulta importante dar previsibilidad a nuestros vecinos y vecinas que por la razón que sea no hayan podido retirar sus vehículos secuestrados en tiempo y forma”, sostuvo. “Además, nos parece una forma adecuada para garantizar el funcionamiento del sistema, optimizar los recursos y no generar alguna complicación de tipo legal para el municipio”, agregó.

Virginia Sívori (Frente de Todos).
El proyecto presentado por el Frente de Todos propone establecer como valor de referencia las unidades fijas (UF),
equivalentes a un litro de nafta de mayor octanaje para cada categoría. En ese sentido, si el Concejo aprueba la iniciativa motocicletas, vehículos y utilitarios tendrían un tope de 80, 150 y 200 unidades fijas, respectivamente.
El valor vigente de las UF está determinado por la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires y este año, a través de la Disposición 30/21, se estableció en $ 91.
“Esta forma de cálculo le da razonabilidad al monto que deberán pagar los vecinos y vecinas y, a la vez, permite que se ajuste de forma permanente el cálculo, contribuyendo al cuidado de los recursos del estado municipal”, acotó Sívori.
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