Presidente de Uganda asegura que no cambiará su ley que castiga la homosexualidad
"Debemos estar preparados para una guerra. Recuerden que la guerra no es para los blandos", advirtió Museveni.
El presidente de Uganda, Yoweri Museveni.
El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, dijo hoy que no dará macha atrás luego de haber promulgado una muy criticada ley anti LGBTIQ+ que impone castigos severos, incluyendo pena de muerte, a miembros de la comunidad.
“La firma de la Ley contra la Homosexualidad está terminada. Nadie nos moverá. Debemos estar preparados para una guerra. Recuerden que la guerra no es para los blandos”, advirtió Museveni, en un mensaje publicado por la Presidencia en Twitter.
Museveni destacó que antes la homosexualidad era considerada un asunto privado y que “la gente no animaba a ello. Era un pequeño secreto escondido de algunas personas”, expresó durante un encuentro con miembros de su partido, el Movimiento de Resistencia Nacional (NRM), según recogió la agencia de noticias Europa Press.
Agregó que en 2014 intentó “estudiar el asunto” para determinar si “la homosexualidad es algo genético o heredado por algunas personas” y se preguntó si no podía ser un trastorno hormonal, una “distorsión” provocada por un desequilibrio de hormonas.
En este sentido, hizo hincapié en que se trata de “una desorientación psicológica” que provoca que “haya gente que odie a la gente a la que tiene que amar y ame a la gente a la que no debe amar”.
“Es como una enfermedad”, afirmó, antes de incidir en que su partido ha sido siempre claro en su postura contra la homosexualidad.
La ley fue promulgada esta semana tras su aprobación por parte del Parlamento, y recibió duras críticas internacionales, incluyendo de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y la ONU.
Los diputados ugandeses introdujeron modificaciones a petición de Museveni para incluir algunos de los cambios que proponía y con los que el presidente de Uganda quería matizar que no se castigaría la mera identificación como LGBTIQ+.
Museveni ratificó esta nueva ley más de ocho años después de que una versión anterior fuera anulada por los tribunales del país por defectos de procedimiento.
Al igual que en 2014, la legislación aún puede ser impugnada ante los tribunales.
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