Organismos de derechos humanos pidieron hoy el juicio político al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, por “no reunir las condiciones que la Constitución y las leyes determinen para el ejercicio del cargo” y por “su carácter de imputado por la justicia federal por delitos de lesa humanidad”.

Entre sus argumentos, la solicitud señala como “fundamental la participación de Fernández Garello en la estructura represiva como oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) al menos entre los años 1978 y 1981”.

La presentación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Serpal, Cels, Abuelas de Plaza de Mayo, Ladh, Apdh, Asociación Judicial Bonaerense y Federación Judicial Argentina, entre otros, remite a “una serie de documentos presentados por la CPM en noviembre de este año ante la justicia de San Isidro y San Martín”.
Esa documentación permitió constatar que Fernández Garello fue “oficial de inteligencia con el rango de subinspector de la DIPPBA, donde desarrolló acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado”, puntualizó un comunicado de la CMP.

“Su imputación por la participación en crímenes de lesa humanidad se extiende a dos causas. En la primera se investiga el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez y en la segunda el secuestro y tortura de militantes comunistas”, agregó.

Fernández Garello admitió su actuación en la DIPBA durante la última dictadura pero negó tener responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, en un descargo que entregó semanas atrás a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires tras la denuncia que formuló en su contra la CPM.

“Trabajé en la DIPBA desde 1978 a 1981 pero no realicé las tareas de inteligencia que denuncia la Comisión Provincial por la Memoria”, dijo a Télam el fiscal, luego de presentar el descargo de unas 30 páginas.
Por su parte, los organismos denunciantes sostienen que “la continuidad y permanencia en sus cargos de funcionarios judiciales que han participado de secuestros ilegales, espionaje, seguimiento y determinación de “blancos” para su posterior secuestro, infiltración y efectiva participación en los secuestros y torturas, debe ser revisada con celeridad”.

“No sólo los crímenes de lesa humanidad por los que se encuentra imputado, sino también el ocultamiento deliberado de esta información para falsear sus antecedentes y poder alcanzar su designación como fiscal general en el sistema judicial, constituyen hechos graves que violan la Constitución Provincial y toda la normativa internacional”, subraya el comunicado.

Por esto, exigen la “inmediata conformación de un jurado de enjuiciamiento para que se aboque con carácter urgente al tratamiento de la presente denuncia procediendo a la remoción del mencionado funcionario, dada su probada condición de imputado en delitos de lesa humanidad así como también su falta de idoneidad por haber sido parte de la estructura represiva” solicitando además “la suspensión en su cargo mientras se tramite el proceso”.