El Concejo Deliberante aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ordenanza que prohíbe la circulación de motos que no tengan caños de escape homologados o que hayan sido modificados. También a las que produzcan ruido de impacto por aceleración, desgaste, defecto o por carecer de silenciador u otros mecanismos.

El control estará a cargo de la Subsecretaría de Inspección General en conjunto con el área de Transporte y Tránsito, que a su vez podrán articular con dependencias provinciales o nacionales para asegurar el cumplimiento de la norma.

Los vehículos que circulen en infracción deberán ser retenidos por el personal municipal. El titular o quien posea la tenencia legítima del vehículo deberá presentar la documentación exigida por la normativa vigente para requerir la restitución del rodado, que deberá encontrarse en condiciones reglamentarias para su circulación.

Las multas podrán ir de uno a diez salarios mínimos del personal municipal. Según valores de marzo, el rango será de entre $ 357.018 a $ 3.570.186. La penalización prevista también incluye el decomiso de los elementos antirreglamentarios o en infracción. En caso de reincidencia dentro del plazo de un año, la multa se duplicará.

El personal municipal designado para efectuar el control vial podrá utilizar material fotográfico o fílmico como prueba para el acta contravencional que eleve al Juzgado de Faltas.

La iniciativa, impulsada por el concejal Miguel Guglielmotti (Unión por la Patria) y consensuada con los distintos bloques políticos, apunta a proteger de la contaminación sonora y los ruidos molestos emitidos por motos y vehículos a las personas con trastorno del espectro autista.

“Para la redacción de este proyecto tuvimos varios encuentros con instituciones que vienen solicitando una legislación en ese sentido”, señaló el edil durante el tratamiento en comisiones.

La norma exceptúa a los vehículos que, en circunstancias temporales y especiales, participen de actividades como exposiciones o competencias habilitadas dentro del ejido urbano, las que deberán tener el permiso correspondiente para esas ocasiones y sólo podrán hacerlo en el circuito permitido para tal fin.

Además, faculta al Departamento Ejecutivo a realizar campañas de concientización y difusión. La autoridad de aplicación deberá presentar la planificación al Concejo dentro de los próximos 30 días.