A diez años del femicidio de Lucía Pérez, el Partido Justicialista de General Pueyrredon difundió un comunicado en el que reafirmó su compromiso con la prevención de las violencias por motivos de género, cuestionó el desmantelamiento de políticas públicas nacionales y el vaciamiento del área de género municipal, y respaldó dos iniciativas institucionales vinculadas con la memoria de la adolescente asesinada en 2016.

En el documento, el PJ expresó su acompañamiento a la familia de Lucía y sostuvo que resulta imprescindible que los tres poderes del Estado asuman un compromiso efectivo para desarrollar políticas públicas con perspectiva de género.

En ese sentido, cuestionó la reducción de organismos y programas nacionales destinados a prevenir y abordar las violencias, así como el debilitamiento del área de género del Partido de General Pueyrredon. Según planteó, esa situación limita las posibilidades de atención, prevención y acompañamiento territorial.

El comunicado también manifestó el respaldo del partido al proyecto presentado por la familia de Lucía Pérez ante el Honorable Concejo Deliberante para declarar persona no grata a Juan Pablo Offidani. La iniciativa fue presentada como una expresión de rechazo institucional frente a los hechos acreditados durante el proceso judicial y a las conductas que impliquen violencia, revictimización o vulneración de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres.

Asimismo, el PJ expresó su apoyo al proyecto impulsado por la senadora provincial Fernanda Raverta para que la Cámara de Senadores bonaerense recuerde y reivindique la memoria de Lucía, y reconozca su historia como parte de la memoria colectiva y de la lucha contra las violencias.

El reclamo tras el crimen de Rocío Núñez

En otro tramo del documento, el Partido Justicialista vinculó el reclamo por políticas de prevención con el reciente femicidio de Rocío Núñez, ocurrido en Mar del Plata, al que identificó como el cuarto caso de ese tipo registrado en la ciudad durante el año.

La organización expresó su solidaridad con la familia de la víctima y reclamó respuestas concretas, investigaciones con perspectiva de género y políticas eficaces para prevenir, sancionar y erradicar las violencias.

Finalmente, advirtió que los femicidios no constituyen hechos aislados, sino que representan la expresión más extrema de una violencia estructural que, según sostuvo, requiere respuestas urgentes tanto del Estado como de la sociedad.

El pronunciamiento se conoció al cumplirse una década del crimen de Lucía Pérez, un caso que tuvo un extenso recorrido judicial y que se convirtió en un símbolo de las demandas contra la violencia de género y la revictimización de las víctimas.