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Opinión 19 de julio de 2019

A propósito de un trabajo académico sobre la gestión de Salud municipal

El 8 de julio pasado LA CAPITAL reprodujo un informe que retrataba una caída de las prestaciones médicas en los centros de salud dependientes de la Municipalidad y una subejecución presupuestaria en la materia durante gran parte del período de gobierno de Carlos Arroyo.

Ese informe, firmado por la doctora en Historia e investigadora adjunta del Conicet Romina Casali y que había sido publicado previamente por la Revista de Estudios Marítimos y Sociales, lleva como título “La decisión de retroceder en atención primaria de la salud: gestión Cambiemos en Mar del Plata”.

Según destaca la investigadora en el resumen de su trabajo, allí “se presenta la triangulación entre ejecución presupuestaria para la Secretaría de Salud, las consultas efectuadas en los Centros de Atención Primaria y el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil”.

Señala, por ejemplo, que “la situación sanitaria del Partido de General Pueyrredon durante el gobierno de Cambiemos se deterioró en su acepción más amplia, pero específicamente en lo concerniente a la atención”.

“La gestión municipal no hizo honor a sus incumbencias en el área. No sólo no se instrumentaron paliativos ni se tomaron medidas que neutralizaran algunos de los retrocesos sociales; no sólo no se reforzó el nivel de atención primaria de modo de equilibrarlos mediante esta contención comunitaria específica, sino que se desatendió esta instancia y se incumplieron las funciones propias de los gobiernos municipales, es decir garantizar la Atención Primaria de la Salud (APS) en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”, apunta el trabajo.

Pero, más allá de las palabras, puntualiza que entre enero de 2016 y diciembre de 2018 cayó un 41% la atención en los centros de salud y un 12% en el CEMA, mientras que se registró un aumento de 33% en el Materno Infantil, dependiente de la provincia de Buenos Aires.

Detalla, entre otros datos, que las prácticas de guardia de enfermería, pediatría y medicina general cayeron un 87,7%, un 42,8% y un 71,6%, respectivamente.

Tras la publicación por parte de LA CAPITAL, el secretario de Salud, Gustavo Blanco, desmereció el informe, al que le adjudicó intenciones políticas, y cuestionó el criterio periodístico para difundirlo. También señaló que los datos eran erróneos, pero no los contrastó con los supuestamente verdaderos.

En ese sentido, hizo gestiones con las autoridades locales del Conicet para que emitieran su posición al respecto. El organismo aclaró aspectos que se desprenden del sentido común, como el hecho de que las opiniones de sus investigadores deben leerse a título personal y no institucional.

Subrayó que la investigadora ratificó que su informe es una publicación de carácter académico que ha cumplido con los estrictos requisitos científicos en su elaboración, evaluación y difusión, y que fue tomada por el diario y editada a su criterio.

Mencionó además que la investigadora no fue consultada por este medio, lo que es perfectamente explicable: como se especificó líneas arriba, el informe ya había sido publicado por una revista y lo determinante no era difundir declaraciones de la investigadora, sino los números del trabajo.

En cuanto a la edición, que puede verse reflejada en los títulos “Duro informe sobre la gestión en Salud de la Municipalidad”, impreso en la tapa, y “Lapidario informe científico sobre la gestión en Salud del municipio”, publicado en la página 2, no hace más que adjetivar los datos duros que el informe contiene, en una praxis habitual del periodismo libre que, a la luz de sus comentarios despectivos en otros medios y en redes sociales, el secretario de Salud no parece dispuesto a tolerar.