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La Ciudad 25 de septiembre de 2023

A un año del cambio en la Zona Roja, entre la exclusión y la tranquilidad de los vecinos

Los vecinos celebran haber “expulsado” de las puertas de sus casas a las trabajadoras sexuales, mientras que la comunidad trans asegura que las consecuencias para ellas fueron de hambre y violencia. Un balance con el intendente Montenegro y las personas afectadas.

Los barrios Los Andes y Don Bosco recuperaron su identidad.

Por Juan Salas

La política es la herramienta de cambio que tienen las sociedades democráticas con la que puede mejorar la vida de las personas, como les pasó a los vecinos de los barrios Los Andes y Don Bosco gracias a la ordenanza municipal con la que el intendente Guillermo Montenegro estableció que la oferta de trabajo sexual solo podía hacerse en la avenida 10 de Febrero. Así expulsaron de la avenida Luro y Champagnat a travestis y trans, que cada noche se prostituían y que estaban vinculadas con el eslabón más bajo del narcomenudeo.

La política es la herramienta de cambio que tienen las sociedades democráticas con la que puede empeorar la vida de las personas, como les pasó a trans y travestis gracias a la ordenanza municipal con la que el intendente Guillermo Montenegro estableció que la oferta de trabajo sexual solo podía hacerse en la avenida 10 de Febrero. Así, los derechos de las trabajadoras sexuales fueron vulnerados y, sin libertad para prostituirse en zonas más concurridas de la ciudad, sufren las consecuencias de la miseria, el hambre y la violencia institucional.

Se cumple un año de la ordenanza 25.590/22, que estableció que en Mar del Plata solo puede haber oferta sexual en la vía pública en la avenida 10 de Febrero, a metros de los cementerios Parque y Colinas de Paz, de 22 a 6 y que, de incumplir esta medida, prostitutas y clientes pueden ser multados con montos que van desde los 290.000 pesos a 1.450.000, con la posibilidad también de arresto de entre 5 y 30 días.

Por citar algunos números de la ordenanza, en este año que lleva la medida se realizaron 1.914 actas por infracciones de oferta y demanda sexual. Pero la medida no se puede medir de manera cuantitativa, sino cualitativa, en cómo cambió la vida de las personas, en cómo modificó a la ciudad y su noche.

Dos aspectos son innegables: los vecinos de los barrios Don Bosco y Los Andes recuperaron una identidad que la Zona Roja les había arrebatado, el lugar ya no se define por la oferta sexual y delitos relacionados al narcomenudeo, sino que volvió a ser una zona de clase media trabajadora.

Otro aspecto innegable es que travestis y trans, históricamente el sector más vulnerado de la sociedad, han sido más vulneradas todavía con una medida que les restringe la libertad de circulación y el derecho a trabajar en la vía pública como prostitutas.

La misma medida modificó la vida de las personas: algunas celebran ya que el cambio fue para bien; mientras que otras lamentan y la repudian por el impacto negativo que significa.


Comentarista del problema o protagonista de la solución

Se cumple un año de la ordenanza que echó a trans y travestis de los barrios Los Andes y Don Bosco y el intendente Guillermo Montenegro camina por la avenida Luro, Malvinas y San Martín con la tranquilidad de quien juega de local un partido que considera ganado: la gente lo frena, lo abraza, le pide fotos y le agradece. Sobre todo le agradece por haberles devuelto la tranquilidad, la paz, en definitiva, le agradecen por haberles devuelto el barrio.


MONTE

Montenegro recorre la ex Zona Roja junto a LA CAPITAL.


No estoy satisfecho por mí, sino por la reacción de los vecinos”, explicó el intendente en una charla con LA CAPITAL desde las calles en donde antes funcionaba la Zona Roja y agregó: “Lo más importante es que se recuperó la identidad del barrio”.

La relación entre travestis, trans y vecinos era obviamente tensa. Antes de que saliera la ordenanza, vecinos enfrentaban a las trabajadoras sexuales que cada noche estaban frente a sus casas y la situación parecía estar a punto de explotar en todo momento.

“La idea de la ordenanza es que la Zona Roja funcione en una zona sin vecinos, para que no tengan que vivir esas situaciones. Es una actividad que no está prohibida, pero que no tiene que generar incomodidad al vecino”, resumió Montenegro.

— La Zona Roja funcionaba desde siempre y a vista de otros intendentes, de la policía, de todos. ¿Por qué tomar una decisión?

— Nadie quería hacerse cargo de la situación. Es incómodo el costo político, no hay beneficio si sale mal. Pero yo no evalúo eso, si yo no me hacía cargo de esto, ¿para qué estoy como intendente? Había que tomar una decisión política clara y estábamos del lado del convencimiento que las cosas se tenían que hacer. Hay que dejar de ser un comentarista de la realidad para ser un actor protagonista con los vecinos, acá lo importante era lo que planteaban ellos.

— Este es un conflicto en el que se enfrentan los derechos de los vecinos con los derechos del colectivo trans. ¿Cómo optar por los derechos de unos sobre otros?

— La evaluación tiene que ver con que vivimos en sociedad. Vos cedés y el otro cede, no podés generar una complicación de una magnitud que tenía el barrio, que no se podía vivir. Esto es entonces lo que hay que sopesar: ceden todos un poco en algunas cuestiones, para lograr el bienestar general. Pero había una parte de la ciudad que había perdido hasta la identidad, porque era conocido solo como Zona Roja, no podíamos seguir permitiendo que los vecinos siguieran de esa forma. Y obviamente fue buscar un lugar en el que pudieran seguir con la actividad, pero sin que hubiera vecinos en la puerta.

— El colectivo trans reclama ampliar la zona estipulada. ¿Hay algún debate al respecto?

— Hoy está establecida esa zona. Hoy no estamos evaluando ningún cambio en la zona.

Los vecinos de Don Bosco y Los Andes respaldan a Montenegro. Le agradecen. Néstor, un comerciante de la avenida Luro lo abraza y se mete en la nota como voz autorizada del tema: “Ahora el barrio es tranquilo, volvió la normalidad cómo era antes. Se ven chicos jugando en la calle, como antes no pasaba”.

“Acá no solo era prostitución, era venta de droga y toda la gente que rodeaba eso. Se veían ‘zombies’ que andaban a la noche dando vueltas, que intentaban robar algo para comprar”, expresa el vecino y agrega: “Antes esto era la Zona Roja, nadie quería vivir acá. Había muchas casas desocupadas, la gente se iba porque no soportaba más. Hasta se perdió el valor de las viviendas, era un perjuicio económico. Ahora podemos dormir, el barrio recuperó el orden, la limpieza, la identidad”.

Néstor abraza una vez más a Montenegro antes de irse. La nota continúa con una reflexión final del intendente: “Acá lo importante no es decir que se cambió la vida de los vecinos solo por la ordenanza, es pensar cómo transformar una zona que estaba muy castigada en lo que hoy es el distrito tecnológico con la instalación de empresas. Es doble el beneficio: se elimina una situación que le complicaba la vida a los vecinos y se mejora urbanísticamente, con mejores condiciones, con la instalación del distrito tecnológico, con la llegada de muchos jóvenes, con la instalación de empresas”.


Un reclamo de libertad, hambre y miseria

Trans denuncian que son violentadas por la policía. (Foto de Luciana Moretti).

Trans denuncian que son violentadas por la policía. (Foto de Luciana Moretti).

El otro lado de la ordenanza es la situación que viven travestis y trans que se dedican al trabajo sexual y que se niegan -como lo hicieron desde un principio- a ir a ejercer la prostitución hasta la avenida 10 de Febrero y ofrecer sexo a metros de los cementerios.

La ordenanza tuvo un impacto negativo tremendo en la vida de las trabajadoras sexuales”, expresó Victoria Disalvo, referente del colectivo trans e integrante de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual y agregó: “No solamente por la violencia policial, también por la violencia económica, nos cuesta el doble clientes y el dinero para pagar el alquiler o comprar alimentos”.

Disalvo insiste en que esa violencia que padecen día a día se traslada “directamente a la olla” y también cuando caminan por el espacio público. La ordenanza parece haber habilitado a la policía y hasta a diferentes sectores de la sociedad para violentar a las travestis y trans. “Somos detenidas solamente por existir, por ser trans, ante la duda asumen que ejercemos el trabajo sexual”, expresa.

La trabajadora sexual considera que no se puede terminar con la actividad con una ordenanza, pero que sí sirve para criminalizarla. “Las zonas rojas estarán siempre, pero con más violencia y presencia policial. Por eso sentimos que es un operativo de imagen, para darle una respuesta a la sociedad de parecer que se combate algo. Esta ordenanza es un maquillaje, una suerte de respuesta a un problema histórico de la ciudad”, remarca.

— ¿Han presentado algún reclamo?

— La consigna es Mar del Plata es zona roja. El municipio no puede legislar lo que vos hacés con tu cuerpo. La ordenanza ya está, por eso pedimos la avenida Champagnat. Pero pedimos que se revise la ordenanza, que nos incluyan en el debate, con un diálogo democrático. Lo que realmente pedimos es la no reglamentación, la despenalización, sí derechos laborales, obra social. Que el municipio regule las zonas rojas me parece una locura. Si quieren hablar de trabajo sexual tiene que haber un debate social en torno a eso.

Preta, referente del colectivo trans migrante en Mar del Plata, también remarca que la ordenanza trajo “miseria, hambre y precariedad” entre las trabajadoras sexuales.

“Estamos más vulneradas de lo que estábamos, somos más violentadas de lo que éramos. La policía siente que puede hacer lo que quiera. Esta ordenanza fue todo negativa para nosotras, ni siquiera ofrecen un bolsón de comida, algo. Salimos a la calle porque tenemos hambre”, expresa.

Para Preta, esta ordenanza ha generado que la población “crea que las trabajadoras sexuales no son vecinas de Mar del Plata”. “Somos una minoría, pero existimos y vivimos en Mar del Plata. Pedimos un poquito de empatía de la policía, del Municipio, de todos”, dice.

“Nos han quitado el derecho de la libertad, de trabajar libremente con responsabilidad. Sobrevivimos, nada más y tremendamente mal”, expresa Preta y agrega: “Mar del Plata sin trabajadoras sexuales no es Mar del Plata”.

La política es la herramienta de cambio para la vida de las personas. La ordenanza 25.590/22 es un ejemplo de esto, su impacto fue directo, pero también es un ejemplo de que se necesita un debate democrático para solucionar problemas complejos con realidades e intereses en constante tensión y conflicto.


“Hay que garantizar los derechos para las trabajadoras sexuales”