El Senado recibe a médicos y abogados constitucionalistas que exponen su opinión sobre el registro de objeción de conciencia que establece el proyecto de legalización y su compatibilidad con las convenciones internacionales.

Ante el plenario de comisiones que analiza el proyecto, María de los Angeles Carmona habló en nombre del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires y sostuvo que “la objeción de conciencia no debe ser plasmada en ningún registro público”.

“El no permitir (a un médico) ejercer la objeción de conciencia cuando fuera el único disponible merece párrafo aparte, porque no es una enfermedad la que hay que tratar, es una mujer sana”, sostuvo Carmona y agregó: “Los médicos no podemos trabajar bajo amenaza de cárcel”.

Por su parte, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez indicó que el proyecto “no conculca la objeción de conciencia” porque “establece un sistema de registro en donde el profesional no tiene que expresar las razones por las que es objetor” y, además “el registro no es público, es confidencial”.

Según el abogado, “el proyecto no ofrece ningún tipo de objeción constitucional ni convencional” y remarcó: “No viola la Convención Americana de Derechos Humanos. De los 23 Estados que la ratificaron, 17 tienen sistemas de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo”.

En tanto, Liliana Tojo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) indicó -en coincidencia con Gil Domínguez- que “la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino gradual de acuerdo a su desarrollo”, de acuerdo a lo que expresa la Convención Americana de los Derechos Humanos.

“La decisión de ser padre o madre o no, es para el derecho internacional parte del derecho a la vida privada y se relaciona con la autonomía de la vida reproductiva”, agregó la especialista.