“La memoria no se desaloja”. La frase, inscripta en una de las tantas banderas que ayer colgaban de una de las ventanas de la Casa de la Memoria, resume la lucha que desde el viernes pasado encararon los organismos de derechos humanos de Mar del Plata para retener el inmueble de Santa Fe 2946, que recibió una amenaza de desalojo del intendente Carlos Arroyo.

Este miércoles, esa lucha recibió un amplio apoyo de organizaciones sociales y políticas. El marco fue un “abrazo solidario” para repudiar la intimación del jefe comunal, que exigió a los organismos que mostraran el aval legal que los habilita a “ocupar” la casa, bajo apercibimiento de requerir su restitución “libre de ocupantes”.

“El señor intendente ha tomado una decisión que parece un tanto alocada. La intencionalidad, que a primera vista aparece de orden jurídico y legal, tiene un trasfondo político”, lamentó Juan Filkenstein, de la agrupación Rodolfo Walsh y director de la Casa. “Lo que está haciendo el intendente es replicar conductas que el gobierno nacional y el provincial vienen tomando en este sentido ideológico de arrebato y atropello”, disparó.

A su entender, el gobierno de Cambiemos “ha tomado decisiones sociales, culturales, económicas y financieras que atentan contra los intereses de la clase trabajadora”.

En el “abrazo” se vieron banderas de la Asociación de Trabajadores del Estado, el Movimiento Evita, el Movimiento por la Dignidad y la Independencia y el Polo Obrero, entre otros partidos y agrupaciones. Dijeron presente el secretario general de la CTA Autónoma, Diego Lencinas; el secretario general de ATE, Ezequiel Navarro, las concejalas de Unidad Ciudadana Marina Santoro y Verónica Lagos y la de Acción Marplatense Claudia Rodríguez, entre otros.

Eleonora Alais, de la agrupación Hijos, calificó la intimación de Arroyo como una “intimidación a los organismos de derechos humanos” en el marco de “una política de Estado contra la memoria, la verdad y la justicia”.
Sostuvo que el intendente “desconoce” que estas organizaciones forman parte de la Comisión Municipal por la Memoria “que sesiona en el Concejo Deliberante los miércoles desde hace veinte años”.

Eleonora Alais.

Alais recordó que la casa fue cedida por el municipio a los organismos en la década del noventa, cuando gobernaba Elio Aprile. “Desde entonces hasta la fecha hemos tenido una excelente relación con el municipio y organizaciones de la sociedad civil, trabajando mancomunadamente”, comentó.

Destacó además el apoyo de las organizaciones sociales y políticas de la ciudad, la provincia, el país e incluso el exterior. “Hemos recibido más de 10 mil audios de apoyo que vamos a estar pasando el día lunes en la puerta de la municipalidad”, anunció. Y enseguida advirtió: “Vamos a resistir hasta las últimas consecuencias”.
Arroyo argumentó la intimación al sostener que el inmueble era “parte del desorden administrativo de la gestión anterior”. Mencionó que “es una propiedad municipal” y su deber es “cuidar todos los inmuebles del municipio”. También advirtió que “está en un estado deplorable”.

Alais aprovechó ese comentario para mencionar que “la casa durante veinte años nunca recibió dinero de la municipalidad”. Y apuntó: “Acá ni siquiera vienen a cortar el pasto, es autogestivo. La agrupación Hijos lleva veinte años trabajando en este lugar, al igual que los ex detenidos. Tenemos divididos los turnos para atender. Atendemos 12 horas por día, inclusive los sábados, y nadie cobra un peso por eso”.

Según la dirigente de Hijos, “es verdad que la casa no tiene las condiciones que debería”, pero lo adjudicó a que “nunca recibió dinero del Estado”. “El lugar está limpio, pintado, en condiciones de ser utilizado, pero seguramente no para los fines que el intendente pretende, que son inmobiliarios”, deslizó.

Claudia Rodríguez, de Acción Marplatense, asistió para “acompañar a todas las organizaciones que están luchando desde hace tantos años por la verdad, la memoria y la justicia”. Subrayó que son “instituciones que no bajaron los brazos nunca”, y destacó que “ahora no lo van a hacer tampoco ante este avasallamiento poco claro del intendente”.

“La verdad es que nos da un poco de tristeza saber que tenemos un jefe político que en algunos sentidos pareciera que no comprende cuál es la labor de estas organizaciones y cuál es el rol que tiene el Estado municipal para preservar los derechos humanos”, lamentó.

La concejala recordó que la Casa de la Memoria “ha atravesado los distintos gobiernos y nunca a nadie se le pasó por la cabeza que esta es una cuestión administrativa, que alguien pudiera ordenar su desalojo”, porque “lo que realmente debe hacer es Estado es preservar el patrimonio municipal y brindarlo al servicio de la comunidad”.