El juez Roberto Falcone, integrante del Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata, dedicó buena parte de la lectura del veredicto absolutorio de Roberto Tagliabué a cuestionar el modo en que la fiscalía llevó adelante la investigación por trata de personas con fines de explotación laboral. Con tono crítico, apuntó al déficit probatorio del Ministerio Público, a la falta de objetividad y de trabajo de campo en una causa que, según remarcó, “exigía meterse en el barro”.

“La fiscalía y la Justicia tenemos que pisar el barro, porque las cosas se ven distintas en el escritorio”, expresó el juez ante el público y las partes, en alusión al trabajo que —consideró— la fiscalía no hizo al basar la acusación en informes “redactados en potencial” y “sin corroboración empírica alguna”.

 “Su hipótesis se basó en datos aislados, con los que construyó un relato coherente, pero que no puede reemplazar al relato verdadero”, sostuvo Falcone sobre la investigación realizada por la fiscal Laura Mazzaferri y agregó que no logró probar que Tagliabué hubiera captado o reducido a servidumbre a ninguna persona, ni que hubiera implementado técnicas de manipulación como líder espiritual para explotar a los asistentes al programa evangélico de rehabilitación que dirigía. Por el contrario, consideró acreditado que las personas ingresaban voluntariamente al lugar y que su permanencia dependía de su propia decisión.

“No hubo pruebas de engaño, amenazas ni retención de personas. Las condiciones de permanencia eran explicadas de antemano y podían retirarse en cualquier momento”, dijo el magistrado, y añadió que los supuestos actos de control —como la prohibición de usar celulares o las restricciones de salida durante los primeros días— eran “limitaciones lógicas dentro de un tratamiento de rehabilitación”.

En otro tramo, Falcone cuestionó que la fiscalía tomara por ciertos los informes del Programa Nacional de Rescate sin constatar la situación actual de quienes presentaron como víctimas: “Resultó llamativo que fueran las propias licenciadas del Programa quienes afirmaron que las personas eran incapaces de autodeterminarse, pero luego no pudieron decir dónde estaban ni en qué condiciones se encontraban. Eso evidencia el desamparo posterior a un supuesto rescate”.

El límite entre la fe y la coacción

Tagliabué junto a su abogado, Mauricio Varela.

Uno de los puntos centrales del fallo fue el análisis sobre el concepto de “persuasión coercitiva”, figura que la fiscalía había invocado para describir un supuesto proceso de manipulación psicológica de las víctimas. Falcone explicó que ese mecanismo —asociado a las “sectas coercitivas”— implica aislamiento total, manipulación sistemática y anulación de la voluntad de las personas, algo que no se verificó en el caso.

El juez repasó testimonios de quienes pasaron por el hogar y señaló que no hubo privación de libertad ni control absoluto, sino “una convivencia basada en la fe, la oración y las tareas comunitarias”. “Las personas llegaban al lugar buscando contención, y lo hacían por su propia voluntad. No puede confundirse vulnerabilidad con incapacidad de decidir”, sostuvo el magistrado.

También remarcó que la vulnerabilidad social o el consumo problemático de drogas no equivalen a la pérdida de autodeterminación. “Afirmar lo contrario —dijo— supone una falta de respeto hacia las personas que se busca proteger. La vulnerabilidad no es sinónimo de falta de voluntad ni de incapacidad para consentir.”

Voces a favor del pastor

Durante la lectura del fallo, Falcone repasó varios de los testimonios que resultaron decisivos para el tribunal y que, en sus palabras, “muestran otra realidad muy distinta a la que planteó la acusación”. Entre ellos mencionó a exinternos del hogar que destacaron la ayuda recibida y la ausencia de malos tratos o presiones.

Uno de los jóvenes dijo ante el tribunal: “Fue una bendición haber conocido ese lugar y al pastor por la gran ayuda que me dio”. Otro expresó: “Era una buena persona. Nos dio una mano. Recibía a las personas que estaban internadas. No tengo nada que decir de él ni criticar. Incluso cuando mi familia estuvo pasando necesidad, fue quien me dio una mano, alimento y esas cosas”.

También se leyeron fragmentos del testimonio de un hombre, quien actualmente trabaja como operador en un programa de Sedronar y dijo haber encontrado en el lugar “una oportunidad para salir adelante”. Según el juez, “las manifestaciones fueron contestes y coherentes en mostrar un espacio de contención espiritual y no de sometimiento”.

Un veredicto con autocrítica institucional

En otro tramo del fallo, el juez Roberto Falcone hizo una referencia directa a la importancia de respetar la libertad de culto por los funcionarios públicos, en este caso por los integrantes de la fiscalía.

Sostuvo que no existió ningún elemento probatorio que permitiera calificar como “falso” el discurso religioso del pastor, y advirtió que hacerlo implicaría “incurrir en una descalificación de las creencias religiosas de otras personas que, en manos de funcionarios públicos, resulta incompatible con el respeto a la libertad de culto consagrado en la Constitución Nacional”.

Falcone junto a Tagliabué durante la inspección ocular del PCRA.

El magistrado también remarcó que no hubo testigos que indicaran que el imputado hubiera instrumentalizado la fe para obtener beneficios personales, ni que haya identificado su voluntad con la de Dios, como sí se constató en otros casos juzgados por ese mismo tribunal (como los del pastor condenado Isaís Hurtado y el fallecido líder de una secta yogui, Eduardo Nicosia).

Por el contrario —señaló—, las personas que pasaron por el hogar coincidieron en que habían aprendido normas básicas de convivencia y hábitos cotidianos: hacer su cama, cocinar, lavar o mantener el lugar ordenado.

Falcone cerró su exposición con una reflexión sobre el rol del Estado y los organismos que intervienen en causas de trata y explotación. Señaló que el sistema penal no puede sustituir la ausencia del Estado en los sectores más vulnerables, ni etiquetar como víctimas a quienes buscan ayuda espiritual. “Estas personas fueron asistidas cuando nadie más lo hacía. El Estado no estuvo antes ni después”, enfatizó.

El fallo completo será notificado en los próximos días, pero el mensaje del juez fue claro: una investigación deficiente no puede suplirse con retórica judicial.

Por qué el tribunal descartó la “persuasión coercitiva”

El Tribunal Oral Federal N°1 concluyó que en el caso no existió persuasión coercitiva, es decir, un proceso de manipulación psicológica que anule la libertad de decisión de las personas. Según Falcone, los elementos típicos de esa figura no se verificaron:

– No hubo aislamiento total ni retención física.
– Las personas podían retirarse libremente del hogar.
– No existieron castigos ni amenazas.
– Las tareas diarias eran parte de la convivencia y no una forma de explotación.
– El pastor no obtuvo beneficios económicos personales.
– Los testimonios fueron coincidentes en señalar que se trataba de un espacio de contención espiritual y voluntaria.

El juez Falcone concluyó que un discurso religioso no puede ser penalizado “solo por ser diferente”, al sostener que no se acreditó que la fe fuera usada como herramienta de sometimiento.