El principal acusado fue declarado no culpable por la comercialización de estupefacientes, pero el jurado lo halló responsable por un “cuento del tío” que le permitió obtener más de 200 mil dólares.
En el marco de un juicio por jurados, Darío Castillo -señalado por la investigación como presunto líder de una organización dedicada a la venta de estupefacientes– fue declarado no culpable en relación a los cargos por comercialización de droga, aunque sí fue hallado culpable por un hecho de estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”.
El debate, que comenzó el pasado 8 de abril, se centró en la presunta existencia de una estructura que habría operado entre marzo y septiembre de 2023 con roles definidos para la venta al menudeo de cocaína, marihuana y LSD.
Según la acusación, Castillo actuaba como proveedor y coordinador de distintos puntos de expendio, además de organizar la distribución mediante delivery.
Durante la investigación, los pesquisas identificaron varios domicilios utilizados como “points” de venta, además de movimientos compatibles con la actividad ilícita.
En septiembre de 2023 se realizaron allanamientos en el marco del operativo denominado “Castillos Blancos”, donde se secuestraron más de 400 gramos de cocaína -gran parte ya fraccionada-, dinero en efectivo, teléfonos celulares y vehículos presuntamente vinculados a la maniobra.
Sin embargo, tras analizar la prueba presentada durante el juicio, el jurado resolvió absolver a Castillo por los cargos vinculados al narcotráfico.
Distinta fue la decisión respecto a un hecho ocurrido en julio de ese mismo año, cuando el acusado participó -según se acreditó en el debate- de una estafa telefónica mediante la cual una mujer fue despojada de más de 200 mil dólares. Por este episodio, el jurado lo encontró culpable.
En paralelo, la causa tuvo resoluciones para otros imputados: dos personas ya habían sido condenadas a tres años de prisión en el marco de un juicio abreviado por su participación en la organización, aunque recuperarán la libertad bajo el régimen de libertad asistida al haber cumplido gran parte de la pena durante el proceso. Ambos fueron considerados partícipes secundarios del delito de comercio de estupefacientes.
Mientras Castillo era señalado como jefe y encargado de coordinar la provisión y distribución de droga en distintos domicilios, el resto de los involucrados cumplía funciones específicas como la venta, el traslado y la guarda de las sustancias.
Cabe destacar que el principal acusado no aceptó ningún acuerdo abreviado y optó por enfrentar el juicio por jurados, instancia en la que finalmente fue absuelto por el delito de comercialización de estupefacientes.
El proceso estuvo a cargo del fiscal Pablo Cistoldi, mientras que la defensa fue ejercida por los abogados Gustavo Marceillac y Simón Serrano.
De esta manera, el caso concluyó con un resultado mixto: condenas para partícipes secundarios mediante juicio abreviado, y un veredicto dividido para quien era considerado líder de la organización, absuelto por narcotráfico pero condenado por estafa.