Las quejas por el pan en mal estado que reciben algunas escuelas de Mar del Plata ya forman parte de una preocupación oficial. En el municipio procuran mejorar los controles en la industria para que la mercadería llegue en condiciones a los establecimientos.

La subsecretaria de Educación, Susana Rivero, y la directora general, Teresa Capurro, recorrieron la panadería militar de la Agrupación de Artillería Antiaérea de Ejército 601, encargada de la producción y distribución del pan que se utiliza en las instituciones educativas municipales de Mar del Plata y Batán.

A partir de las quejas transmitidas por algunas escuelas en la última semana, Educación Municipal decidió acercarse al barrio Camet (Ruta Provincial N°11 km 11,5) para visitar las instalaciones del Ejército Argentino y asegurarse que el producto final tenga una calidad óptima.

Junto al jefe de la agrupación, coronel Fernando Rampulla, las autoridades municipales observaron las diferentes partes del proceso a través del cual se cocina el pan, con el objetivo de mejorar los controles en la producción, ya que de esto depende el desayuno y la merienda que reciben una gran cantidad de establecimientos educativos de General Pueyrredon.

Ayer, por su parte, el intendente Carlos Arroyo recibió en su despacho a Emilio Majori, presidente de la Federación Panaderil de la provincia de Buenos Aires, y a Carlos Monzón, presidente del Centro de Industriales Panaderos de Mar del Plata.

“Nuestro compromiso es llevar adelante los controles en todos los puntos de la ciudad, tanto en las panificadoras, como ustedes lo plantean, como en los que venden las garrafas a un costo superior a $97”, les dijo el intendente.

El jefe comunal manifestó que Inspección General, Defensa del Consumidor, con su dependencia de Lealtad Comercial, Tránsito, Transporte y todos los organismos de control del municipio “tienen la instrucción de llevar adelante algo que es esencial: cumplir con la ley, todos por igual, el grande y el chico”.

Majori indicó que el flagelo de esta industria “es la clandestinidad”. Y acotó: “Vinimos a plantear el inconveniente que le puede traer a la salud de la población el pan no controlado por Bromatología”.

Señaló además que “Arroyo se interesó sobremanera en este tema y este flagelo que está haciendo peligrar la industria formal, que paga sus impuestos”.

“Nosotros hacemos costos casi todas las semanas y hay una diferencia de 19 pesos el kilo. Esta diferencia es porque no pagan los impuestos y pagan, a medias, los servicios”, agregó Majori, y dijo que “hay que controlar cómo se vende y cómo se transporta el producto, crear una ordenanza que sea identificatoria sobre quién provee el producto, de qué panadería es y si está en condiciones bromatológicas de producir”.