La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) emitió tres resoluciones generales, todas publicadas hoy en el Boletín Oficial, referidas a la feria fiscal de invierno, mejoras en controles aduaneros de importaciones de mercaderías peligrosas y la incorporación de nuevas herramientas para fiscalizar irregularidades laborales.

A través de la RG 5223/2022, la AFIP dispuso que la feria fiscal de invierno se extenderá entre el 18 y el 29 de julio próximo.

La medida establece la suspensión del cómputo de los plazos vigentes en determinaciones de oficio, sumarios, multas, descargos, intimaciones y clausuras.

Por otra parte, y para fortalecer su capacidad de fiscalización en actividades con altos niveles de irregularidades, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP estableció un nuevo indicador mínimo de trabajadores (IMT) para la producción primaria de papa.

Esto permite desarticular maniobras abusivas al determinar una cantidad mínima de trabajadores y trabajadoras requeridos para dicha actividad.

Con la incorporación del nuevo indicador previsto en la RG 5225/2022, la AFIP suma 91 indicadores que potencian la capacidad de fiscalización y control sobre sectores agrícolas, ganaderos, industriales y comerciales, en todo el país.

Algunas de las actividades alcanzadas son construcción, centros de atención telefónica, frigoríficos, supermercados, servicios postales, estaciones de servicio, restaurantes y bares.

La tercera de las resoluciones, la 5224/2022, digitaliza el trámite para el ingreso de artículos para fuegos artificiales con el objetivo de agilizar la operatoria de productos que requieren de un traslado rápido desde el momento de su arribo al puerto.

Las mercaderías peligrosas son aquellas que requieren un cuidado especial para su transporte y almacenamiento en depósitos especialmente habilitados por las autoridades.

Al optimizar los controles y digitalizar el trámite, la Aduana permite acelerar los plazos en los que este tipo de mercaderías pasen desde la zona primaria, donde se realiza la fiscalización, al resto del territorio donde el importador lleva adelante sus operaciones y comercialización.

De esta manera, por motivos de seguridad, reduce el tiempo de permanencia en los puertos de material inflamable o explosivo.