La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por medio de la Dirección General Impositiva (DGI), impugnó los ajustes por inflación en el impuesto a las ganancias aplicados durante tres períodos fiscales por una importante empresa de la provincia de Buenos Aires dedicada a la intermediación de compraventa de energía.

El organismo conducido por Carlos Castagneto determinó un saldo a su favor por dichos conceptos por un total de $447 millones.

La firma había realizado mecanismos de ajuste por inflación integral de acuerdo a la variación del índice de precios y, además, actualizaciones de amortizaciones de inversiones y adquisiciones anteriores a 2018 que, según la ley vigente, no correspondía aplicar.

La compañía se basó en la jurisprudencia de fallos judiciales previos, en el principio de confiscatoriedad y la propia letra de la norma. Sin embargo, la DGI consideró que los supuestos del fallo no eran aplicables.

Por otro lado, no distribuyó el ajuste en seis partes iguales anuales, sino que imputó, incorrectamente, la totalidad del resultado a un solo período fiscal.

Como resultado de las tareas de fiscalización y control, la AFIP determinó diferencias a su favor en el impuesto por $120,7 millones en 2018; $182,8 millones en 2019 y una diferencia de $143,4 millones para 2020.