por Luciana Mateo

LA PLATA (Corresponsalía).- Este año, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires discutirá un nuevo proyecto de ley para regular la aplicación de agroquímicos en suelo bonaerense.

Si bien no se resisten a la sanción de una nueva norma, los ingenieros agrónomos matriculados hacen hincapié en la necesidad primordial de cumplir con la legislación actual.

Carmela Di Leo, presidenta del Departamento de Ingeniería Agronómica del Colegio de Ingenieros provincial, consideró que detrás de varias de las modificaciones parlamentarias se encuentran las firmas que venden los productos.

“La Ley 10.699 exige que para vender un agroquímico sí o sí tiene que estar la firma de un ingeniero agrónomo en la receta agronómica y esto es muy resistido por las empresas que venden los productos, que a través de sus gerentes hacen lobby para que las leyes sean lo más livianas posible”, aseguró.

Entrevistada por LA CAPITAL, la profesional apuntó nuevamente a la falta de controles por parte el Estado bonaerense, lo que pone en riesgo la salud de toda la población.

“Lo lógico sería que el Estado exigiera la receta agronómica para comprar un agroquímico, y ni hablar de la receta de aplicación. Las grandes ganadoras de todo esto son las empresas que venden los productos”, remarcó.

– ¿Cuál es la tarea del agrónomo?

– El agrónomo sabe controlar los períodos de carencia –el lapso de tiempo durante el cual el producto que ha recibido sustancias no se puede consumir- y conoce cuáles son las mejores condiciones para la aplicación (viento, humedad, el equipo que hay que usar y el tipo de pastilla, entre otras cosas). Todo eso lo dice la Ley pero no se fiscaliza bajo ningún punto de vista. Por ejemplo en Mar del Plata está el sello de Alimento Controlado, pero ese sello de calidad se vende en el mercado regional junto a otros productos que no tienen ningún control. Entonces, al lado del producto sano, tenés otro contaminado con agroquímicos.

– ¿Cree que falta decisión política?

– No sé si depende exclusivamente de decisiones políticas: el Estado en este sentido está desmantelado; el volumen de agrónomos o fiscalizadores no es suficiente para poder fiscalizar. Al momento tendría que haber, al menos, un fiscalizador por localidad, pero hay sólo 4 en toda la Provincia.

“No hay ningún tipo de control”

– O sea que estamos comiendo frutas, verduras y hortalizas que pueden estar plagadas de sustancias tóxicas…

– No hay ningún tipo de control de lo que comemos. La Ley dice que, además de que los productos tienen que ser aplicados con receta, en cada mercado concentrador tiene que haber un ingeniero agrónomo como director técnico, pero en la práctica no es así. Estamos consumiendo productos que no están fiscalizados. Y estamos hablando de algo tóxico para la población.

– ¿Qué tan graves son los productos que se aplican?

– Son terriblemente graves. El glifosato es el más conocido pero es uno de los más inocuos. Los productos se clasifican en banda I, II, III y IV. La banda IV es la menos tóxica para el consumo humano. Por poner un ejemplo, los insecticidas que se usan en las casas son clase I y II. Y en horticultura es muy raro que se usen productos de clase IV.

– ¿Se puede producir alimentos en forma masiva sin usar agroquímicos?

– Lamentablemente no. La forma en que se ha especificado la producción lleva a que no se pueda tener un campo de una hectárea de tomate sano. En realidad se podría hacer, pero no sería económicamente rentable en el mercado. Para eso tendría que haber legislación y una política adecuada.

“No hacen falta más leyes”

El año pasado la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara Baja bonaerense dio despacho a un proyecto que había sido aprobado en 2016 por el Senado y le modificó algunas distancias para la aplicación de agroquímicos que habían sido establecidas en la iniciativa original. Si bien coinciden en la necesidad de una legislación que especifique las distancias permitidas, los agrónomos están preocupados porque esta nueva iniciativa excluye el manejo de los productos domisanitarios (que se aplican en zonas urbanas, como casas y negocios).

– ¿Qué le parecen las distancias establecidas en el nuevo proyecto?

– No están mal. La Ley 10.699 no establece distancias, el Decreto 499/91 dice 2 mil metros para aplicaciones aéreas; entonces hay un montón de ordenanzas municipales que van cambiando las distancias a su gusto. Pero en realidad creo que no hacen falta más leyes; lo que hace falta es hacer cumplir las que hay. Y también hay un problema: la Ley actual es de fito y domisanitarios y el proyecto que se discute es sólo de fitosanitarios. Al derogar la Ley 10.699 y no existir un proyecto paralelo de domisanitarios, quedaría un vacío legal en este tema.

“Existen pocos matriculados”

Di Leo reconoció que “hay pocos ingenieros agrónomos matriculados” y lo atribuyó al hecho de que “el Ministerio de Agroindustria no exija la receta agronómica”.

“Actualmente hay 1.800 ingenieros agrónomos matriculados, pero se estima que hay 10 mil en toda la Provincia. Y de los matriculados, sólo 510 están inscriptos para hacer la receta agronómica, pero no porque alguien se los prohíba”, dijo la presidenta del Departamento de Ingeniería Agronómica.

Además, remarcó que “en la provincia de Córdoba el año pasado se hicieron 16 mil recetas; en Buenos Aires en cambio no llegamos a mil”.

Finalmente, opinó en contra del proyecto de ley para crear el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales (separado del Colegio de Ingenieros en general).

“Han creído que un nuevo proyecto de ley de Colegio de Agrónomos será la panacea de la resolución de los problemas”, aseguró sobre la iniciativa del diputado Ricardo Lissalde (Frente Renovador) que está cerca de sancionarse en la Legislatura provincial.